El Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible, liderado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, conceptualiza estos flujos como el “dinero obtenido o utilizado de forma ilícita y, en ambos casos, transferido ilegalmente de un país a otro, e incluye las ganancias no declaradas ante las autoridades tributarias”.
Las debilidades de la institucionalidad fiscal hacen que Paraguay sea uno de los países del mundo más afectados por la salida de estos recursos, sin que existan medidas que contribuyan a prevenir el fenómeno.
Tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como la organización no gubernamental Global Financial Integrity estiman en cifras millonarias los recursos que salen del país bajo esta modalidad afectando a nuestra economía a través de por lo menos tres vías.
La primera es la erosión de las bases tributarias. La salida de estos recursos sin cumplir con las obligaciones relativas al pago de impuestos reduce las recaudaciones necesarias para el desarrollo del país. A través de la planificación tributaria agresiva, los responsables utilizan mecanismos para disminuir sus obligaciones con el Estado, restando fondos necesarios para el financiamiento de la política pública y obligando a aumentar impuestos en otros sectores.
La fuga de capitales afecta por una segunda vía al sistema tributario. Los fondos son recursos que el país necesita para aumentar su inversión. Si estos se quedaran, probablemente no sería necesario recurrir a la inversión extranjera directa. La atracción de estos capitales en Paraguay se da por medio de incentivos tributarios; es decir, si el país quiere recibir capitales externos, el Estado, a través de múltiples regímenes tributarios, exonera tributos. Este mecanismo también resta recursos para políticas muy necesarias, como las de educación, salud, protección social, vivienda, áreas en las que Paraguay se encuentra muy rezagado con respecto a los países vecinos.
Paraguay no cuenta con evaluaciones serias acerca del impacto positivo de las inversiones beneficiadas con estos privilegios fiscales. Se supone que debieran contribuir con empleos decentes, transferencia tecnológica y producción. Sin embargo, no hay datos al respecto. La información con la que sí contamos —gracias al reciente informe de CIAT— es el fuerte monto de dinero que dejamos de cobrar en impuestos.
Pero además el impacto de la existencia de estos flujos no solo es económico. La salida ilícita de los flujos implica conductas poco éticas y por fuera de la ley tanto del sector privado como de funcionarios públicos, lo cual debilita la institucionalidad del Estado, destruyendo las bases mismas de su existencia. Frente a esta situación, este mismo año, la OCDE ha señalado la necesidad de que Paraguay reduzca los niveles de evasión y el Banco Mundial, de manera específica, recomendó al país aprobar una ley que regule los “precios de transferencia” para evitar los flujos ilícitos que se dan bajo la forma de traslado de utilidades al exterior. Esta es una de las principales causas de la existencia del fenómeno.
El desarrollo de Paraguay exige combatir el problema, por lo que se espera que las nuevas autoridades tomen las medidas necesarias para ello.
