(*) Esteban Caballero/Latinoamérica21
América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como socioeconómico. Su impronta en la región por un lado ha dejado en evidencia las desigualdades y deficiencias de los sistemas sociales, y por otro, ha impactado negativamente en las esperanzas de un futuro mejor. La expectativa de un estado de bienestar se ha vuelto a postergar.
LOS ESTRAGOS DE LA PANDEMIA. La destrucción del empleo y la reducción de los ingresos convirtieron el 2020 en una frenética carrera por la sobrevivencia y la satisfacción de las necesidades básicas de hogares y comunidades. Según un reciente análisis de la OIT, las empleadas domésticas, los jóvenes, los cuentapropistas y los trabajadores con poca calificación forman parte del grupo de personas más golpeadas.
En Manaus, Brasil, la hospitalización por Covid-19 de un abuelo liquidó las pequeñas reservas familiares, y si no fuese por la colecta del barrio no hubiese sido posible comprarle el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Un episodio similar a otros miles en toda la región. Las historias de hogares que debieron pasar de dos comidas diarias a una se repiten a lo largo y ancho América Latina. Se estima que unas 2.7 millones de empresas cerraron, ocasionando la perdida de 8 millones de puestos de trabajo.
Los gobiernos de la región se han esforzado. Las transferencias y subsidios, así como el gasto en salud, entre otros, han atenuado el impacto. “Atenuado” es lastimosamente el vocablo más apropiado, aunque los intentos no dejan de tener mérito. Según estimaciones de la Cepal, sin las transferencias y estímulos fiscales por parte de los estados, el número de pobres habría llegado a 230 millones, en vez de los 209 millones actuales.
De esta manera se evitó la caída a la pobreza de unos 11 millones de personas, el equivalente a la población entera de Bolivia. Lo mismo vale para la pobreza extrema o indigencia. Sin los esfuerzos gubernamentales hubiésemos llegado a la cifra de 98 millones, y no los 78 millones actuales. Es decir, se evitó la caída en la indigencia de 20 millones de personas, unas 4 veces los habitantes de Costa Rica.
La pandemia llegó para cambiarnos la vida en medio de una coyuntura económica ya de por sí delicada. A partir de 2014, luego del boom de los commodities, el crecimiento de gran parte de las economías latinoamericanas comenzaba a desacelerarse. Muchos estados acusaban una estrechez fiscal, y varios de los nuevos gobiernos de derecha no mostraban voluntad para incrementar las coberturas y los programas de transferencias. Uno de los casos más sonados fue el de Bolsa Escola, en Brasil, donde el Gobierno de Jair Bolsonaro restringió el número de beneficiarios.
Todo ello con un trasfondo histórico y estructural que de por sí ha limitado las posibilidades de los países de desarrollar regímenes de bienestar que aseguren a la ciudadanía ciertos derechos sociales, económicos y culturales. El vasto espacio informal, sin garantías ni accesos a la seguridad social, afecta sobre todo a los más jóvenes. Y en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay o Bolivia, donde el bienestar depende principalmente de las familias y comunidades, los trabajadores que aspiran a generar un ingreso, se ven limitadas por el distanciamiento social. El proyecto de la construcción de una población con derechos sociales vigentes parece desvanecerse y los sueños del bienestar social eluden a las mayorías en forma cruel, a pesar de la dignidad y entereza con la que siguen su marcha.
NUEVOS CICLOS ELECTORALES. A medida que un nuevo ciclo electoral comienza a recorrer los países de la región, la incógnita respecto a si las democracias latinoamericanas van a poder sortear los desafíos está a la orden del día.
A juzgar por los resultados recientes en Bolivia y Ecuador, el discurso “social” ha sido escuchado y los electores parecen dispuestos a apoyar los candidatos que abanderan ese tipo de propuesta.
Las elecciones municipales en el Brasil dejaron un saldo diferente: Los votantes no apoyaron a los candidatos del presidente Bolsonaro, pero sí a un centroderecha que abogaba por un mayor pragmatismo. Aún esta por verse lo que ocurra en abril en Perú y en noviembre en Chile. De todos modos, uno de los aspectos más reconfortantes es que los sistemas electorales están respectando la voluntad popular.
El caso venezolano y nicaraguense merecen un análisis aparte. Pero lo que está sucediendo en Ecuador, y lo visto en Bolivia, Chile y Brasil es la capacidad institucional de los organismos electorales para dirimir las quejas, conflictos y demandas electorales.
En el escenario pospandémico se proyecta un impacto positivo de la vacunación y otras medidas sanitarias. Pero la gran lección de que el mal de uno es el mal de todos nos lleva a preguntarnos: ¿Es momento de volver a plantear el debate sobre la necesidad de un estado de bienestar, aunque sea de una forma básica y gradual?
Evidentemente ese será el desafío para las tendencias progresistas, incluyendo el liberalismo social, que pueden volver a tomar cuerpo en un segundo “giro a la izquierda”, pero también interpela a lo que en Chile están llamando una “derecha social”.
Los desafíos ineludibles para la agenda del futuro.
Hay varios obstáculos para lograr este objetivo. Dos en particular. El primero es que el campo de las políticas redistributivas –con sus sistemas tributarios progresivos y los nuevos pactos fiscales– está minado por la ineficiencia gubernamental y la corrupción.
La construcción de alternativas pasa por un enorme esfuerzo por recuperar la credibilidad de “lo público”, eliminando la corrupción y, más difícil aún, enfrentando el crimen organizado que la alimenta. No se puede postergar uno en pos de lograr lo otro.
El segundo obstáculo es el desarrollo sostenible. Aunque se recuperen los niveles de empleo y se comience a construir un estado de bienestar, no se puede ignorar la necesidad de la transición a una economía verde que revierta los vicios del desarrollismo basado en la depredación de los recursos naturales y la industria fósil.
Es hora de que los vocábulos “social” y “ambiente” se integren a las políticas públicas si se quiere salir adelante de manera perdurable. Este es el trabajo de quienes llevan las riendas del destino político de la región.
(*) Esteban Caballero es cientista político e investigador miembro del Center for Latin American and Latino Studies (CLALS) de la American University (Washington, DC). Fue director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
