Asunción ha vuelto a demostrar que en su tablero urbano no existe la planificación, sino un caos crónicamente administrado. La escena de estos días rozó lo absurdo y provocó indignación. Mientras la zona céntrica permanece entre zanjas y obras eternas, las autoridades no tuvieron mejor idea que autorizar el cierre total de la avenida Costanera para la realización de un evento deportivo.
Lo que para un reducido grupo de asistentes significó una jornada festiva, para decenas de miles de asuncenos y trabajadores del área metropolitana se tradujo en una verdadera pesadilla sobre ruedas, atrapados durante horas en embotellamientos kilométricos sin la más mínima alternativa de desvío fluida.
El problema de fondo no es la promoción del deporte ni el uso del espacio público para actividades culturales, sino el empecinamiento sistemático de los organizadores y de las dependencias municipales por trasladar estos eventos a las arterias más colapsadas de la capital. La Costanera, concebida como la principal vía de desahogo para el sofocante tráfico de entrada y salida a la ciudad, fue anulada por completo sin previsión ni criterio técnico. Este episodio no hace más que evidenciar la alarmante inoperancia de las autoridades locales y su absoluta incapacidad para proyectar acciones mínimamente coordinadas. Evidencia que existe una enorme despreocupación por lo que le pasa al ciudadano.
Castigar al ciudadano parece una regla cuando hablamos de las autoridades. A este calvario vial se le suma el frente abierto en el propio corazón del casco histórico con las postergadas obras de soterramiento de cables. Lo que debió haber sido un proyecto modelo de modernización urbana se ha transformado en un calvario cotidiano para quienes intentan caminar por el centro. Las calles y avenidas lucen sepultadas bajo capas de arena y escombros, transformando el tránsito peatonal en una carrera de obstáculos digna de olvido.
La falta de coordinación interinstitucional salta a la vista en cada esquina. Mientras la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Asunción avanzan –cada cual por su lado y a ritmos descoordinados–, el ciudadano de a pie paga los platos rotos. A medida que las cuadrillas concluyen el cableado y reponen las aceras, la decepción es unánime: el acabado refleja una paupérrima calidad de los materiales utilizados para las veredas, con losetas desalineadas, parches irregulares y tapas de registros inestables que representan un peligro latente para los transeúntes.
Lo más indignante de este escenario es la enorme oportunidad perdida. Ya que se estaba realizando una intervención profunda y costosa en la infraestructura céntrica, existía el momento histórico ideal para unificar el diseño, la altura y la accesibilidad de las veredas asuncenas, históricamente caóticas y fragmentadas. Bastaba una mesa de trabajo conjunta entre la ANDE, el MOPC y el Municipio para coordinar un criterio urbanístico uniforme, incluyente y duradero.
Sin embargo, triunfó una vez más la visión de cortoplacismo y la desidia burocrática. Asunción sigue sumando cicatrices de mala calidad técnica, mientras sus habitantes sufren el castigo diario de la improvisación en el tránsito y el desamparo en las calles. Si las autoridades no asumen con rigurosidad la responsabilidad de planificar la convivencia urbana, la capital continuará hundiéndose en el colapso permanente.
Asunción sigue siendo una ciudad abandonada a su suerte y sigue sufriendo las consecuencias de la improvisación. Centenares de miles de trabajadores provenientes de los municipios vecinos llegan a diario a la capital para mover la economía, sostener el comercio y dinamizar los servicios, sufriendo en carne propia penurias cotidianas que van desde el pésimo estado del transporte público hasta arterias intransitables y desprovistas de mínima infraestructura. Resulta irónico –y sumamente desatinado– que, en lugar de ofrecer soluciones estructurales e integrar de manera eficiente a toda la masa productiva del área metropolitana, surjan voces desde la gestión municipal que proponen cobrar peaje a quienes no residen en la capital.