El derecho de acceso a la información pública no es precisamente un tema “sexi” para la legislatura, para las demás instituciones del Estado ni para algunos periodistas que sostienen que no se precisa de una ley para que tenga efectiva vigencia.
Es un asunto para el que muchos prefieren el estatus quo y evitar así que, en el intento de reglamentar ese derecho consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, se termine abonando el terreno de la censura oficial y afectar el ejercicio del periodismo.
En la práctica, el acceso a la información pública no tiene pleno vigor y el intento por reglamentarlo para que ello suceda lleva como 15 años en el Paraguay.
Entre algunos periodistas, en especial, existe una suerte de trauma sobre el particular, por una experiencia poco feliz en el año 2001, cuando el entonces diputado Rafael Filizzola, con muy buena intención, presentó un proyecto de ley para promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a la información pública.
La propuesta sufrió varias modificaciones y se convirtió en una “ley mordaza”. Terminó derogada.
Desde entonces, cualquier intento por reimpulsar la reglamentación del artículo 28 de la Constitución Nacional termina mal.
En gran medida, porque los parlamentarios no lo toman como un asunto relevante; de lo contrario, buscarían asesoramiento especializado.
En el fondo, no están de acuerdo con que se transparente y ponga a disposición del ciudadano toda la información originada en las instituciones públicas.
Por eso, más fácil es demostrar un supuesto interés por el tema, sabiendo que un amplio coro de sus homólogos se encargarán de aplicar la estocada final al proyecto de ley.
Encima, recibirán aplausos de más de un sector retardatario del país.
Esto, sin importar que el actual proyecto que están “estudiando” es producto de años de aprendizaje y revisión, de ejercicio de legislación comparada; de análisis con expertos extranjeros.
Ni que haya sido cuidadosamente elaborado, descartando cualquier palabra que pudiera dar pie a obstaculizar el derecho o propiciar la censura.
En el proyecto que están a punto de echar a perder trabajaron desde el año 2004 unas veinte organizaciones de la sociedad civil, reunidas en el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI).
El nuevo documento vuelve a sufrir las consecuencias de legisladores que no tienen mediana noción del tema o que, intencionalmente, introducen modificaciones para generar rechazo, desvirtuando el espíritu de una norma que apunta de lleno a beneficiar a los ciudadanos.
