La decisión del veto presidencial fue dada a conocer por Hernán Huttemann (asesor jurídico), Gail González (titular del Indert) y Cristina Goralesky (Infona).
Desde el Ejecutivo argumentaron que observaron que el proyecto de ley de expropiación de las tierras en disputa en Marina Cué colisiona con la Ley de Deforestación Cero.
La propiedad asentada en Curuguaty fue testigo del sangriento enfrentamiento que en el 2012 terminó con la vida de policías y campesinos. Además puso fin al mandato de Fernando Lugo con el juicio político.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA. Mario Abdo había celebrado la sanción que dio el Congreso al proyecto que pretendía regularizar las tierras donde ocurrió la masacre. Durante un acto en Canindeyú habló de reivindicación histórica y aplaudió que los campesinos no tuvieron que recurrir al cierre de rutas para lograr su objetivo.
“Hay fiesta hoy y yo quiero rescatar ese hecho. No tuvieron que cerrar rutas, no tuvieron que invadir propiedades en nuestro Gobierno, no tuvieron que quemar tractores. Hay una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban un pedazo de tierra para trabajar”, expresó a mediados de diciembre.
Ahora, a través de su asesor jurídico, Huttemann, explicó que el Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley 6700/2020 que pretendía desafectar del dominio público 1.700 hectáreas y transferir al Indert en el marco del plan de la reforma agraria.
“Desde el análisis jurídico que realizamos con Infona, Indert y el Mades, llegamos a la conclusión de que estaríamos frente a una contraposición entre lo que establece el proyecto y lo que prevé la Ley de Deforestación Cero, recientemente promulgada”, expresó Huttemann.
NUEVA PROPUESTA. En contrapartida, la titular del Indert anunció que estarán trabajando en la presentación de una nueva propuesta que plantea destinar 806 hectáreas no boscosas de la reserva Yberá a un asentamiento campesino.
“Se debe presentar un nuevo proyecto en el cual se desafecte del área de reserva 806 hectáreas para que ellas sean transferidas al Indert. Una vez transferidas al Indert, nosotros nos hacemos cargo del loteamiento conforme a un censo real y en el terreno, para identificar a todas las familias beneficiadas”, significó Gail González.
En busca de apaciguar los ánimos, el Ejecutivo promete no solamente entregar las tierras cuya propuesta debe pasar por el Congreso, sino también habla de un proyecto de construcción de viviendas sociales y la implementación de proyectos de producción campesina a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la provisión de energía eléctrica a la comunidad.
La Cifra
1.700
hectáreas pretendían expropiar en las tierras donde ocurrió la masacre en el 2012. Mario Abdo objetó el proyecto.
