El decreto remitido al Congreso por el presidente de la República, Horacio Cartes, cuenta con siete páginas en donde se señalan los argumentos por los cuales se tomó la decisión de vetar en forma total el Presupuesto 2017.
“Ha vulnerado principios, normas y políticas del Estado contenidas en la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley de Responsabilidad Fiscal, de todos aquellos contratos y convenios aprobados por ley que quedaron desfinanciados, la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda y la del Banco Central del Paraguay”, señala el documento.
Refiere que el proyecto sancionado por el Congreso tiene cambios sustantivos que restarán previsibilidad a todos los actores económicos, impactando negativamente, no solo en la política fiscal sino también desencadenaría efectos más adversos sobre la estabilidad macroeconómica, la imagen del país y repercutiría en el bienestar de la población.
“En ese contexto, la estabilidad macroeconómica que caracterizó históricamente al país está en riesgo con el Presupuesto General 2017. Afectará negativamente la política económica social”, explica.
Cuestiona los incrementos en el gasto rígido porque deben ser financiados con impuestos por encima de las estimaciones presentadas por el Poder Ejecutivo y que no cuenta con recursos asegurados para el próximo año.
“Ante ese escenario de recursos limitados, obligará al debilitamiento de programas sensibles ya incorporados como política de Estado, afectando a sectores vulnerables de la población que dependen de los mismos”, agrega.
En este punto se refiere a los aumentos salariales que se introdujeron para los docentes y personal de blanco a partir del segundo semestre de 2017. Considera que se realizó sin tener fundamentos técnicos y en contradicción a disposiciones legales.
RESPONSABILIDAD FISCAL Y BONOS. El decreto menciona que el incumplimiento de dicha normativa, al superar el límite establecido de 1,5% del déficit fiscal del Producto Interno Bruto (PIB) y el tope del crecimiento de los salarios por encima del aumento del sector privado, generará una pérdida de credibilidad al manejo de la finanza pública por parte del Estado.
Señala que en el proyecto se presentó el calendario de vencimiento de los compromisos con los que cuenta el Estado, que asciende a un monto en concepto de amortización de 316 millones de dólares.
“Con esa limitación presupuestaria se pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Estado dada la exclusión parcial del crédito presupuestario y el tope a la autorización de la emisión de bonos para sostener parte del servicio de la deuda pública”, afirma.
Sostiene que un eventual incumplimiento afecta también la credibilidad, generando un riesgo en la calificación del país y que repercutiría sobre las condiciones financieras.
“Objetar un presupuesto que pone en riesgo la credibilidad y la solvencia del Estado paraguayo frente a los actores económicos internacionales es una clara señal del Gobierno de precautelar los compromisos internacionales asumidos y salvaguardar la seguridad jurídica de la Nación”, indica el decreto.
