Más allá del cierre prolongado de escuelas, que interrumpió el proceso de aprendizaje, disminuyó el rendimiento académico y causó “daños a múltiples aspectos del bienestar de los niños y las niñas”, el estudio sostiene que el impacto de la pandemia se extiende ahora en “un contexto de crisis agravadas” en toda la región.
El informe “Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe” referido a 2022 fue presentado en la capital brasileña, en la apertura de un seminario sobre capital humano que congrega a delegados de todos los países de la región, junto con representantes de organismos internacionales.
Precisa que, por la crisis sanitaria, 165 millones de alumnos de toda América Latina y el Caribe tuvieron su educación interrumpida y que la retomada de actividades escolares se ha dado en un escenario de “precios de los alimentos e insumos agrícolas” en aumento.
Agrega que la región acusa esos efectos en momentos de creciente “inseguridad alimentaria” y con los “indicadores nutricionales” en “declive”.
Según el BID y el PMA, todo ese escenario actual se suma a lo que califican como “desafíos estructurales de larga data”.
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Entre ellos, citan “un clima cambiante con sequías e incendios forestales intensificados y huracanes más frecuentes y violentos, tendencias crecientes de sobrepeso y obesidad con comorbilidades asociadas, y movimientos migratorios complicados y a gran escala”.
Todo ello, según el estudio, “amenaza el bienestar, el acceso a la escuela y la capacidad de desarrollo de los niños y las niñas” y supone “desafíos agravados” que “crean las condiciones” para que aumente el abandono escolar.
De hecho, precisa que “hasta 12 millones de niños, adolescentes y jóvenes de primaria, primer ciclo de secundaria y segundo ciclo de secundaria”, no “están asistiendo a la escuela” en América Latina y el Caribe.
Las previsiones para el futuro inmediato son aún más sombrías y dicen que “la trayectoria educativa de más de 118 millones de niños y niñas de entre 4 y 17 años está en peligro”, por un “incierto” acceso a una “educación de calidad”, lo cual constituye “una amenaza significativa para su progreso académico y oportunidades futuras”.
El informe valora que durante la pandemia muchos países lograron mantener sus programas de alimentación escolar, que ya “han vuelto a las escuelas de toda la región”, aunque subraya que aún enfrentan “importantes retos” por “problemas de gestión, financiación y coordinación”.
La agricultura familiar como proveedora
En ese marco, recomienda aumentar la cooperación estatal con la agricultura familiar como gran proveedora de alimentos para las escuelas, un modelo en el que “Brasil ha sido pionero” y en el que otros países de la región, como Guatemala, Ecuador y Haití, tienen buenas experiencias con “los sistemas alimentarios locales”.
Afirma además que “casi todos los países necesitan una mayor ampliación para alcanzar todo el potencial de la compra local” y que “los presupuestos nacionales son la principal fuente de financiación en todos los países de ingresos medios”.
Según el informe, “la inversión regional estimada en alimentación escolar en 2022" se situó entre 3.600 y 7.600 millones de dólares y que la aportación estatal constituyó “el 99 % de los fondos”.
Enfatiza, sin embargo, que “persisten las desigualdades entre los países que poseen más recursos y los que tienen menos” y también sobre “el alcance, la pertinencia y la calidad de los programas”, así como con el potencial nutritivo y saludable de los alimentos.
En ese sentido, señala que “en los países de bajos ingresos, el costo de la alimentación escolar puede ser tan bajo como 10 dólares anuales por niño/niña, mientras que en los países de altos ingresos el costo anual por niño/niña se estima en 293 dólares”.
Fuente: EFE
