Así lo anunció hoy el Departamento de Estado, tras enviar al Congreso su informe anual sobre la aplicación de la ley.
El abogado ruso Sergei Magnitsky, que da nombre a la norma, fue encarcelado y murió en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar un supuesto gran fraude fiscal perpetrado por el Gobierno ruso.
En 2012, el Congreso estadounidense aprobó una ley para castigar a ciudadanos rusos que supuestamente estuvieron relacionados con la detención, maltrato y muerte del letrado o que encubrieron a quienes cometieron estos crímenes.
La ley permite, además, sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes tratan de sacar a la luz actividades ilegales de funcionarios rusos o defender las libertades y los derechos humanos en ese país.
Las sanciones incluyen la prohibición de visados para viajar a Estados Unidos y la congelación de los activos que puedan tener bajo la jurisdicción estadounidense.
Cuatro de los sancionados hoy estuvieron directamente vinculados con la muerte de Magnitsky, mientras que el quinto individuo está relacionado con las torturas y maltratos que sufrió un importante clérigo y activista posteriormente asesinado, según destacó un alto funcionario del Gobierno que pidió el anonimato.
Entre las personas relacionadas supuestamente con la muerte de Magnitsky, destaca Pavel Vladimirovich Lapshov, cabeza de la agencia de investigación del Ministerio de Interior de Rusia que autorizó la causa criminal contra Magnitsky, según aseguró este alto funcionario estadounidense.
Otros dos de los sancionados son funcionarios rusos que impulsaron otra causa contra Magnitsky en 2013, cuando el acusado ya estaba muerto y en donde fue declarado culpable de evasión fiscal.
En su momento, la llamada “lista Magnitsky” supuso un terremoto para la convulsa relación entre Rusia y Estados Unidos.
Cuando se aprobó la lista, el Kremlin promovió una ley que prohibía la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses e imponía serias restricciones para las organizaciones no gubernamentales que pretendiesen trabajar en suelo ruso y fueran originarias de Occidente.
Rusia llegó a emitir una lista similar contra otros 18 funcionarios estadounidenses como respuesta al castigo impuesto por Estados Unidos.
Esta política continuó y, a mediados de 2014, la Unión Europea y EE.UU. impusieron sanciones de carácter económico a una serie de personas y entidades rusas y ucranianas a las que considera culpables de desestabilizar Ucrania y de amenazar su integridad territorial, tras la anexión rusa, en marzo de 2014, de la península ucraniana de Crimea.
