“Hoy en siete diferentes lugares de seis ciudades de Misisipi, los agentes ejecutaron ordenes de registro administrativas y criminales que resultaron en la detención de aproximadamente 680 inmigrantes ilegales”, declaró Hurst, del Partido Republicano de Estados Unidos, en una rueda de prensa.
El fiscal afirmó que se trata de la mayor redada en al menos una década y, además, aseguró que es “la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado de la historia de EEUU”.
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“Somos país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes y continuaremos haciéndolas cumplir (...) Damos la bienvenida a la gente de otros países, pero tienen que obedecer nuestras reglas, tienen que venir aquí legalmente. O, si no, entonces no deberían venir”, manifestó Hurst.
Los 680 inmigrantes que fueron detenidos pasarán ahora a custodia del Servicio de Inmigración (ICE), que decidirá si los encierra en un centro de detención hasta que sean deportados a sus países de origen o si, por el contrario, los pone en libertad mientras las cortes deciden si pueden quedarse o no en el país.
El agente Jere T. Miles, a cargo de la operación, explicó que los hijos de los inmigrantes detenidos pasarán a la custodia de algún familiar en EEUU y, en otros casos, los padres serán puestos en libertad para que puedan cuidar de los menores mientras se resuelven sus peticiones de asilo.
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“Cada caso será manejado de manera individual, dependiendo de las circunstancias”, explicó Miles.
Los arrestos se produjeron en el lugar de trabajo de los inmigrantes, entre los que se incluía una planta de procesamiento de pollos de la empresa Peco en la localidad de Bay Springs.
Peco confirmó en un comunicado que el ICE inspeccionó esa planta de pollos y otras dos de las instalaciones que tiene en Misisipi: una en Canton y otra en Sebastopol.
“Estamos colaborando plenamente con las autoridades en su investigación y estamos viendo la posible interrupción de nuestras operaciones”, señaló la empresa en un comunicado recogido por la cadena de televisión local WDAM.
La compañía defendió que cumple con todas las leyes migratorias y usa el programa federal “E-Verify” para evitar contratar indocumentados pese a las detenciones en su planta.
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En su rueda de prensa, las autoridades aseguraron que el objetivo de las redadas son tanto los inmigrantes indocumentados como las empresas que los contratan.
Al reaccionar a la redada, Julia Solórzano, abogada de la organización Southern Poverty Law Center, dijo a Efe que las redadas hacen parte de una “guerra contra inmigrantes” en el país.
“Este tipo de redadas no resuelven problemas, no cambian las cosas para mejor. Nada más aterrorizan a los trabajadores y a sus familias y sus comunidades”, afirmó Solórzano, e indicó que se trata “de las mismas agencias que están diciendo que no tienen capacidad en los centros de detención (de inmigrantes) para proveer servicios básicos”.
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Por su parte, la directora de la coalición Families Belong Together, Sandra Cordero, señaló en una declaración que las redadas masivas de hoy “no son casos aislados”.
“La destrucción de nuestro sistema de asilo, la detención y el encarcelamiento de niños y la separación de familias, mientras El Paso está de luto por la pérdida de sus seres queridos, son parte de una agenda de supremacía blanca”, afirmó Cordero, para quien la intención de estas redadas es “aterrorizar” a las comunidades.
Bajo el Gobierno de Donald Trump se han incrementado las detenciones de inmigrantes en sus lugares de trabajo: en el año fiscal 2018, el ICE inició 6.848 investigaciones sobre ese tema, lo que supone un incremento de más del 300% con respecto al periodo anterior, cuando hubo 1.691 investigaciones.
