De ahora en adelante, la oferta y la demanda en cuanto a la venta de combustible la manejarán en exclusiva el sector privado. Cabe recordar que Santiago Peña, presidente de la República, había prometido en campaña abaratar los precios de los combustibles.
Cómo lo había hecho a finales del año pasado con ocho de sus estaciones de servicio, la petrolera estatal decidió ceder la operación de su local de venta de combustibles situado en las adyacencias de su planta de Villa Elisa. Con esto, la empresa pública pasa a dedicarse exclusivamente a la importación y distribución mayorista de combustibles.
Desde el pasado lunes, el Grupo Bahía tomó posesión de la estación de servicio, tras un concurso de precios llevado adelante de forma silenciosa por Petropar.
Compra fallida. Esto se suma a la fallida adjudicación a la empresa de Andrea Lafarja Bittar con la provisión de combustibles a la petrolera, sin que cuente con ninguna experiencia y capacidad para ejecutar dicho contrato, poniendo en peligro la provisión de combustible a nivel país.
En octubre del año pasado fue noticia que la empresa pública recurriera a un atípico proveedor con el objetivo de “sostener los precios bajos de los combustibles”.
Petróleos Paraguayos adjudicó la compra de gasoil a la empresa AP Sociedad Anónima, vinculada con la deportista y empresaria Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de USD 51,5 millones.
El hecho de que la empresa no cuente con experiencia en el rubro y el millonario monto del contrato generaron cuestionamientos. Ese mismo mes, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó a la empresa pública suspender la compra tras la apertura de una investigación de oficio.
La recomendación se produjo como medida de prudencia administrativa, por lo que Petropar debía suspender la continuidad del procedimiento de contratación, hasta tanto se resuelva la investigación de oficio.
A finales de octubre, la empresa pública anunció la rescisión del contrato, en medio de una serie de publicaciones periodísticas que revelaban irregularidades en el proceso. En el mes de diciembre, Petropar judicializó el caso para el cobro de unos USD 1,5 millones tras la rescisión.
Lo último que se sabe del caso es que el pasado 30 de mayo, la representante de la empresa presentó una propuesta de pago por solo USD 150.000 en concepto de póliza. Esto iba a ejecutarse en 10 cuotas de USD 15.000 para poner fin al juicio en curso tras la demanda de la empresa pública que lleva adelante el Juzgado Civil y Comercial de la capital desde febrero pasado. El juez a cargo del caso es Arnaldo Martínez.
La demanda de la petrolera establecía el cumplimiento de un pago de USD 1,5 millones por la garantía de mantenimiento de la oferta de la fallida compra de gasoil.
Limpieza. El 26 de julio, Petropar adjudicó a la firma Faluci S.A. para la prestación de servicios de limpieza. El monto del llamado fue de G. 4.220.370.000. Al igual que en el caso Lafarja, dicha firma de limpieza no posee experiencia en contratos con el Estado. Esto es fácilmente comprobable al observar su historial en la web de la DNCP.
DAÑO PATRIMONIAL. Además de esto, el actual titular de la petrolera estatal ya había sido denunciado por supuesto daño patrimonial durante su gestión 2016, 2017 y 2018 (en el periodo de su administración anterior). La denuncia la realizó Patricia Samudio, ex titular de Petropar en el periodo pasado
Tras la auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hablaba de un supuesto daño patrimonial de G. 30.000 millones, caso que no tuvo mayores avances al Ministerio Público hasta la fecha.
La fiscal Natalia Fúster fue la agente designada para llevar adelante las investigaciones.
