La sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), situada en la capital ecuatoriana, acoge el evento, en el que fiscales y procuradores generales de siete países debaten hoy y mañana mecanismos y fórmulas de lucha contra los delitos que cometen estas organizaciones, como la trata de personas, el lavado de activos, el ciberdelito y la narcocriminalidad.
Pero la cita es también el escenario donde se aborda el proyecto de creación de la Corte Penal de Unasur, que será presentado este jueves al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la segunda y última jornada del encuentro.
“Lo que aquí se busca es una concertación de los jefes de Estado, para que nos den a los países y a los ciudadanos mayores instrumentos de seguridad para nuestra vida, para que nuestros hijos no sean captados por bandas criminales”, dijo a periodistas el anfitrión, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga.
Por ello, la iniciativa será presentada al gobernante ecuatoriano quien, como responsable de la función Ejecutiva deberá estudiarla y “si le parece que la idea puede tener progreso, se encargará, a través de la Cancillería ecuatoriana, seguir con los procesos de diálogo, de concertación política y diplomática” para que el proyecto “pueda finalmente concretarse”, agregó.
El lavado de activos, el tráfico de personas, el sicariato (crimen por encargo), el tráfico de armas y el soborno están en la lista de los delitos que enjuiciaría en dos salas, de primera y segunda instancia, un grupo de 22 jueces.
La trata de personas es uno de los delitos que más preocupa en la región, según el fiscal ecuatoriano, quien remarcó las dificultades para juzgar a las redes que lo cometen pues, aunque se desarticule una banda concreta, “la organización sigue intacta fuera”, según Chiriboga.
Otra ventaja del tribunal suramericano es que puede poner fin a la “tragedia” de las solicitudes de extradición que se conceden en unos casos, pero no en otros, con lo que hay “delitos que se quedan impunes”, señaló.
Según el proyecto, la sede de Unasur acogería también al tribunal, que funcionaría con un presupuesto reducido, similar al de “una planta pequeña de administración”, según Chiriboga, quien indicó que la institución no requerirá una burocracia propia, pues trabajaría con los sistemas judiciales, organismos y personal de investigación existentes.
“Lo que no debemos perder de vista es que la región requiere una institucionalidad trasnacional, precisamente para enfrentar al crimen organizado trasnacional”, subrayó.
Sobre la incidencia que este órgano judicial pudiera tener sobre la soberanía de los países que se adhieran a su jurisdicción, el fiscal consideró que habrá “más soberanía”.
“Mientras hoy los jueces tienen una soberanía limitada al espacio territorial donde ellos ejercen esa jurisdicción, estos jueces van a tener más soberanía, es decir, más capacidad de operar y ampliar la jurisdicción y eso es ampliar la soberanía de nuestros países”, declaró.
El canciller encargado de Ecuador, Lautaro Pozo, al inaugurar el encuentro, destacó que el tribunal no tramitará casos de crímenes de lesa humanidad ni de violaciones de derechos humanos, pues estas materias se encuentran bajo la competencia de otros organismos internacionales.
Tampoco juzgará a los Estados ni interferirá en las competencias de la Corte Penal Internacional.
“Nuestro tribunal no reconocerá inmunidades a personas que ocuparon u ocupan altos cargos en la jerarquía estatal, civil o militar o a individuos con una posición económica influyente dentro de sus países” cuando se sospeche que pueden ser actores de los delitos que perseguirá la corte regional, indicó.
A la cita acudieron hoy delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela, así como representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y de la organización no gubernamental Democracia Global.
La Unasur está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
