El pasado 23 de agosto, Última Hora denunciaba un dragado irregular a 380 metros del puente en construcción Héroes del Chaco. Los trabajos de limpieza se deberían realizar a 800 metros como mínimo y con permiso de la comunidad indígena del lugar para realizarse dentro del marco de la legalidad.
El pasado 3 de octubre, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició un proceso de investigación sobre los delitos ambientales y el atropello que sufre la comunidad indígena Maká, debido a las obras que se realizan en torno al citado nuevo puente.
Dragados. Entre los delitos ambientales se citan dragados y refulados por parte de la firma Signature SRL. Esto se realiza sin autorización de la comunidad. Estos delitos ambientales pueden ocasionar un perjuicio irreparable.
Pablo Callizo, concejal de Asunción por Patria Querida, afirmó que la denuncia ya data del 2021, en la cual la comunidad Maká denunció la ocupación o invasión de terrenos que le pertenecen. Se trata en concreto de la invasión de 18 hectáreas. Tanto el MOPC como la constructora ignoraron los reclamos sobre el tema.
“El MOPC alega que en una reunión que mantuvieron ellos habían dado su aprobación, pero no tienen ningún documento oficial para demostrar eso”, cuestionó el edil.
Señaló que hay posibilidad de recurrir a organismos internacionales, ya que por ley estas comunidades están protegidas. Callizo hacía alusión al artículo 64 de la Constitución Nacional, que claramente afirma que las tierras serán indivisibles, intransferibles. Además, se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
Denuncia. Según documentos de la DNCP, la comunidad Maká fue ignorada tanto por el ente contratante, MOPC, como por la contratista, el Consorcio Unión (integrado por las firmas CDD Construcciones SA y Constructora Heisecke SA).
La cartera vial no presentó ningún documento con sustento jurídico sobre el supuesto consentimiento de la comunidad Maká. La ejecución de las obras con documentos de estas características es peligrosa y podría ser considerada ante instancias internacionales como un burdo intento por privar de su patrimonio a la comunidad Maká.
En el plazo de 10 meses, desde el inicio de la ejecución contractual, el contratista debía invertir la suma de USD 34 mil en la comunidad indígena afectada para desarrollar la misma y mitigar los efectos dañinos que pudieran desprenderse de las obras. La obra lleva más de un año de ejecución y dicha suma aún no se ha invertido.
El cementerio maká, lugar donde se encuentran sepultados sus antepasados y sus héroes, el terreno ya empieza a verse inundado, lo que dejaría a la comunidad desamparada.
18 hectáreas de la comunidad indígena Maká fueron invadidas sin su consentimiento, debido a las obras.
34.000 dólares (G. 248.200.000) es lo que olvidó pagar el Consorcio Unión a la comunidad Maká.
