La Cámara Baja denegó un pedido de resolución que instaba a Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía a que honre el contrato de acuerdo de una donación de la República de Taiwán para la construcción del Teatro de Villarrica.
Según lo acordado, debería ir al Municipio de Magin Benítez (PLRA), pero los cartistas operan para que otras instituciones manejen, en este caso, la Gobernación de Guairá. El monto asciende a G .2.300 millones y constituye el tercer desembolso.
El diputado opositor Raúl Benítez consideró que forzar al cambio de destinatario de los fondos hace que se propicie “un papelón internacional”. Así también, cree que esta maniobra patrocinada por el cartismo puede ocasionar problemas con futuras donaciones.
El oficialista Yamil Esgaib, en cambio, reivindicó que la donación al Estado paraguayo se destine de acuerdo a cómo lo disponga el gobierno. Dijo que detrás de la queja de la oposición supuestamente se esconde “un vuelto” por lo que acompañó la posición de su colega Alejandro Aguilera, quien también planteó la idea de que no importa quién ejecute los fondos, sea Economía, la Gobernación, Obras o el Municipio.
No obstante, en el fondo el manejo de dicho monto ya deja en evidencia la pelea anticipada de las municipales de 2026. En ese contexto, el gobernador Cesarito Sosa, para quien los cartistas creen que debe ser quién maneje la donación es uno de los que se apunta como posible integrante de una chapa para 2028 en el seno del oficialismo.
Denuncia congelada contra miembro del JEM
En medio de la polémica, volvió a reflotar una denuncia que data del 2021 que habría quedado cajoneada en la Fiscalía y que afecta justamente a Aguilera, miembro en representación de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
De acuerdo con los datos, el propio intendente actual al tomar el mando del Municipio había solicitado una auditoría de gestión de varios ejercicios fiscales que van desde 2018 hasta el 2021 sobre bonos financieros municipales, deuda de la Caja de Jubilación Municipal, construcción del teatro municipal, adquisiciones realizadas, ventas de terrenos en el piquete municipal, entre otros.
Supuestamente durante esos periodos también se extrajeron de manera irregular documentos correspondientes al Municipio, como órdenes de pago, entre otros. Los informes preliminares hallados por el Municipio dieron cuenta de un faltante de G. 2.241.566.816.
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En la oposición no descartan que la investigación esté congelada en vista del inconveniente que genera para los fiscales investigar no solo a un miembro del oficialismo, sino que también es miembro titular del JEM, instancia que investiga a jueces y magistrados.
