La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que, a través de la Resolución 49/2026, todos los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial (IRE) obligados a presentar estados financieros tendrán que ampliar su declaración. La medida alcanza a los estados financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025.
En ese sentido, se señala que los afectados deberán incluir toda la información detallada respecto a la composición y el destino de las utilidades y resultados acumulados. Las declaraciones deberán incluir, “como mínimo”, la conciliación de sus ganancias acumuladas, la identificación de las utilidades susceptibles de distribución, así como el detalle del destino de ellas, incluyendo dividendos distribuidos, ganancias capitalizadas, reservas constituidas y los montos pendientes a distribuir.
Asimismo, los empresarios deberán detallar cómo se componen sus reservas, ya sean legales, facultativas, estatutarias u otras, indicando el saldo inicial, los movimientos durante el ejercicio y el saldo final, además de la información adicional sobre su origen, finalidad, ejercicio de generación y posibilidad de distribución futura.
Si bien la DNIT señala en su texto que la medida se enmarca “en lo establecido en la Ley 6380/2019 y su reglamentación, que regula el impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU), cuyo hecho generador se configura con la puesta a disposición o el pago de utilidades a socios o accionistas”, y que se busca mayor transparencia, responde principalmente al objetivo de la entidad por lograr recaudar más, ante la caída en los ingresos tributarios, lo que desató una fuerte presión en las finanzas públicas, obligando al Ministerio de Economía a presentar su plan de recortes o la “economía de guerra”.
“La incorporación de información más detallada contribuye a brindar mayor seguridad jurídica, mejorar la calidad de los datos disponibles y optimizar los procesos de fiscalización”, argumentó también la DNIT.
Días pasados, el titular del ente, Óscar Orué, anunció que se encuentra preparando un proyecto de ley con el que se busca reglamentar la utilización de las reservas facultativas o empresariales, con el fin de evitar que las firmas eludan o eviten el pago del IDU, y dijo que la propuesta se estaría “afinando” esta semana.
ABUSO. Orué sostuvo que están viendo “un abuso” por parte de algunas empresas en el uso de las reservas, por lo que consideran que se debe regular, y apuntó a establecer un plazo máximo de tres años para mantener los recursos en reservas, tras lo cual ya se deberá capitalizar o distribuir.
Según Orué, en un año se tenían G. 400.000 millones, lo que equivale a USD 61,5 millones. Esto, calculando solamente a un 8% de IDU para empresarios residentes sería alrededor de USD 4,9 millones, apenas el 1,0% de las recaudaciones del 2025.
Varios gremios y referentes tributarios se pronunciaron en contra del plan e incluso señalaron que podría generar dificultades operativas y financieras a empresas, especialmente a aquellas que no cuentan con liquidez suficiente. “Muchas empresas no cuentan con liquidez suficiente, aunque tengan recursos en sus balances, porque están destinando esos fondos a inversiones o provisiones para compras futuras”, afirmó Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay.
