La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió inhabilitar por un plazo de tres meses a la firma Potî SA, así como a Jorge Miguel Palumbo Chamorro y Carlos José Palumbo Chamorro para contratar con el Estado. En tanto, Alberto Raúl Palumbo Zaldívar fue sancionado con una inhabilitación de cuatro meses. La medida quedó firme tras el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por los afectados.
En la resolución se establece que la conducta de la empresa y de los sumariados “se subsume en los supuestos de mala fe e información falsa establecidos en el inciso c) del artículo 72 de la Ley N° 2051/03 y su modificatoria”. Esto debido a que la firma declaró bajo juramento no estar alcanzada por las limitaciones del artículo 40 de la mencionada norma, pese a que esa afirmación “carece de veracidad”.
La empresa había argumentado en su defensa que estaba al día con sus obligaciones al momento de competir en el llamado y que el contrato fue firmado cuando ya habían cumplido con el pago al Instituto de Previsión Social. “Nos encontrábamos al día en nuestras obligaciones con el seguro social al momento de la etapa de competencia del llamado”, alegaron. Sin embargo, la DNCP verificó lo contrario.
El documento oficial señala que “a la fecha de suscripción del contrato –29/04/24– la firma Potî SA no se encontraba al día con el pago del aporte obrero patronal”. Además, enfatizó que la empresa no comunicó esta situación a la entidad convocante, como se había comprometido en su declaración jurada.
Por todo esto, la DNCP concluyó que se configuró una omisión grave. “Existió una declaración falsa por parte de la firma recurrente ante dicha omisión y, consecuentemente, se configuró la mala fe de la misma”.
De esta manera, se ratificó la sanción impuesta y la inclusión de la firma y sus representantes en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado por el plazo establecido.
El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) decidió rescindir contrato con Potî en julio pasado tras darse la inhabilitación por parte de Contrataciones, mientras el Ministerio Público indaga la denuncia por falsificación.
