El titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, informó en Monumental 1080 AM que la primera medida que se tomará tras el allanamiento a la cárcel regional de San Pedro será remover a su director, Virgilio Duarte.
Mientras que los cinco reclusos sindicados como los ciberestafadores serán trasladados a los pabellones de máxima seguridad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
“Estas personas serán remitidas al régimen de máxima seguridad, para que se encuentren realmente aisladas a fin de evitar que estos hechos se sigan sustanciando”, señaló.
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Se trata de Germán Leguizamón, Alcides González Villalba, Derlis Jonathan Ruiz Díaz, Sergio Fabián Núñez y Charles Albert Arthur David Martínez Camera, más conocido por su alias “el hombre de las mil voces”.
Desde la cartera de Estado están abocados a facilitar la información de la logística de estas personas y ayudar a que la investigación siga su curso para juntar los elementos probatorios y llegar a los objetivos.
Los miembros de la red que operaban desde el penal son personas que ya se dedicaban a este rubro cuando estaban en libertad, algunas de ellas incluso condenadas por estafa y hechos relacionados al cibercrimen.
La modalidad consistía en llamar a un ciudadano o locales comerciales para conseguir alguna transacción.
“Se generaba la confianza del interlocutor diciéndole que ganó algún premio o que sería beneficiado con algún servicio de la empresa”, refirió.
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Durante la conversación pedían datos y generaban un código que era para acceder a la billetera de telefonías.
“Les pedían que les proveyeran esos códigos para hacer el vaciamiento. Remitían a otra cuenta electrónica y abrían cuentas con documentación, en algunos casos cédulas de personas que no tenían ningún antecedente”, explicó.
A través de ese modus operandi habrían recaudado la suma de G. 1.500 millones entre noviembre de 2023 y marzo de este año.
Tecnología para bloqueo de señales requiere millonaria inversión
Al ser consultado sobre la utilización de celulares en las cárceles, Nicora reconoció que tienen dos factores que imposibilitan dar una solución definitiva al flagelo: Recursos humanos y el costo de la tecnología para el bloqueo de señales.
Sobre la línea, indicó que incluir este sistema en penitenciarias ubicadas en zonas urbanas, como la Ciudad del Este, el Buen Pastor y Tacumbú, también bloqueará la comunicación de los pobladores que se encuentran en las inmediaciones de los penales.
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De acuerdo con Nicora, para la compra de la tecnología para tres centros penitenciarios requiere de una inversión de alrededor USD 9 millones.
“Si pudiésemos tener efectivos controles para el ingreso de estos equipos con personas comprometidas, bueno, no necesitaríamos invertir millones de dólares para una tecnología de bloqueo de celulares”, remarcó.
