La Cámara de Diputados aprobó en general, con modificaciones, el proyecto de ley que modifica el artículo 104 de la Constitución Nacional, el cual busca establecer la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos.
Con 39 votos, los legisladores colorados, con adhesión de algunos liberales, superaron los 24 votos de las multibancadas que abogaban por la versión de la Cámara de Senadores.
No obstante, el documento no pudo ser estudiado en particular luego de que varios diputados decidieran abandonar la sala para boicotear la posibilidad de que se apruebe un documento que desvirtúe el espíritu del proyecto inicial.
Tras quedar sin cuórum la sesión, el proyecto volverá a ser tratado a vuelta del receso parlamentario. Y una vez aprobado volverá al Senado. El planteamiento inicial pretende que las declaraciones juradas de los funcionarios estén a libre disposición de la ciudadanía.
Por otro lado, la intención de los diputados era frenar la entrada en vigencia de la ley ya promulgada por el Poder Ejecutivo que establece que solo se podrá acceder a la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos mediante una orden judicial.
Con esta ley se omite la facultad de la Contraloría General de la República de hacer públicas las declaraciones juradas dejando la posibilidad de publicación solo en caso de tener una autorización jurisdiccional respectiva.
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Al respecto, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattia González señaló que la publicación sobre la declaración de bienes es una posibilidad de continuar con el proceso de transparencia ya iniciado desde 2014.
“Abogamos por la publicación de la declaración jurada. Miremos a los jueces, fiscales, a los ministros, a los aduaneros que en muchos casos no condicen con el sueldo que perciben”, ejemplificó la legisladora.
El diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo secundó esta idea y mencionó que el control en manos de la ciudadanía es una herramienta importante. “Esto no se trata solo de nosotros, se trata de todos los funcionarios públicos”, abogó.
Publicación de bienes podría fomentar el secuestro
En contra del proyecto se mostró el liberal llanista Édgar Ortiz, quien dijo que de implementarse la publicación de declaración de bienes juradas los funcionarios públicos con importantes riquezas podrían ser víctimas de secuestro.
“Es una invitación a los delincuentes a secuestrarle a quien quieran. La gente ya no va a poder salir ni a la vereda”, conjeturó.
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El legislador habló sobre la falta de confianza a los controles ya establecidos y que no existe necesidad de que la población en general obtenga datos privados. “Ya nos controla la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Contraloría y la Fiscalía, y ahora quieren que controle el pueblo”, indicó.
En el mismo sentir, el diputado oficialista Éver Noguera apuntó que el proyecto pretende “obligarlos a vivir un estado de anarquía”.
“Para eso están las instituciones, las declaraciones juradas están a disposición de las instituciones, ah… pero no están a disposición de los medios, ni de los perfiles falsos para que seamos extorsionados”, expuso.
Afirmó que los funcionarios corruptos terminarán evadiendo de otra manera sus malas prácticas. “Los que trabajamos transparentemente, que somos los que declaramos, seremos los blancos de secuestros”, señaló.
Imaginación supera Hollywood
La diputada opositora Kattya González volvió a intervenir en contra de los argumentos esgrimidos por sus colegas y dijo que en caso de temer ser secuestrados, que salgan de la función pública.
“Supera ampliamente los escenarios de Hollywood lo que imaginan algunos colegas. Esta sociedad tan generosa y tan poco indignada que soporta esto. Si tienen miedo a ser secuestrados salgan de la función pública. De los trastos viejos con prácticas corruptas hay que liberarnos”, disparó.
Durante el debate también se pronunció el congresista liberal Jorge Ávalos Mariño, quien apoyó a González diciendo: “el funcionario público tiene que saber que sus bienes son de interés para el pueblo, que es el que paga sus salarios”.
