Tras varias postergaciones, finalmente se trata hoy en Cámara de Diputados el proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, referente a la declaración jurada de bienes y rentas. Fue elaborado por la Contraloría General de la República para ajustar aspectos que podrían colisionar con la Carta Magna y mejorar el control del enriquecimiento de los funcionarios.
Los puntos más relevantes que establece el proyecto son la publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios sin necesidad de una orden judicial, como actualmente; el acceso directo por parte de la Contraloría a los datos de los Registros Públicos, Registro del Automotor y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para contrastar eficientemente la veracidad de lo declarado, en los exámenes de correspondencia; la exclusión de proveedores del Estado como sujetos obligados de presentar declaraciones juradas, y ajustar al salario las multas por no presentar las declaraciones, ya que actualmente es de 300 jornales mínimos sin diferencia entre quienes ganen un sueldo elevado y menos que el básico.
La Corte habilitó la publicidad de las declaraciones solo de los años 1998 hasta 2017. Los bienes de las nuevas autoridades seguirán ocultos.
“Indiscutiblemente todas tienen que ser públicas, hasta ya es una injusticia que haya un grupo que tenga que ser público y otros que no”, opinó el contralor Camilo Benítez.
MODIFICACIÓN. La tendencia de la mayoría colorada es aprobar el proyecto con modificaciones. Se pretende dejar por sentado que los datos incorrectos de las declaraciones puedan ser rectificados fuera de plazo sin que sean pasibles del delito de declaración falsa. Recientemente, Horacio Cartes agregó una empresa incorporada en 2011 en Panamá, que no declaró cuando fue presidente, entre el 2013 y 2018. Se trata de Dominicana Acquisition SA. Recién lo adjuntó en setiembre de este año, porque se hizo pública la investigación de los Papeles de Pandora, consistente en la filtración de 11,9 millones de documentos.
Otro aspecto que podría darse es la eliminación del artículo que permite a la Contraloría acceder a los Registros Públicos y otras instituciones.
El contralor explicó que el proyecto contempla la adquisición de un software que permita realizar miles de exámenes de correspondencia por día, mediante inteligencia artificial, ya que actualmente tardan seis meses a un año en remitirse la información necesaria.
“La Contraloría se encuentra limitada por el sistema, en cuanto a los exámenes de correspondencia. Tardamos demasiado en culminar porque no tenemos acceso a la información de los Registros Públicos, de Automotores, de la SET, y nosotros pedimos a la Corte que nos dé un acceso directo y nos negaron, por ese motivo, ahora con esta ley queremos tener acceso”, expresó.
Proveedores. Benítez explicó que se excluyó a los proveedores del Estado de la obligación de presentar sus declaraciones juradas porque es inconstitucional.
Comentó que más de 100 personas y empresas accionaron y consiguieron una medida judicial, por lo que ya no presentan su declaración y la ley termina siendo inaplicable. Añadió que esto afecta además a las empresas extranjeras, que cuando se hace un concurso, son excluidas.
Este es uno de los únicos puntos que sería mantenido hoy en Diputados durante el tratamiento del proyecto.
Tardamos demasiado en culminar los controles porque no tenemos acceso a la información. Pedimos a la Corte y nos negó.
Estaríamos a la vanguardia de los procesos de enriquecimiento, entre los países con mejor sistema de control. Camilo Benítez, contralor general.
