La propuesta surge para compensar las asimetrías generadas por la implementación de la ley, no solo en la distribución de los recursos y en la definición de las competencias institucionales, sino en la misma asignación, modificando el criterio básico de destino: la afectación por emprendimientos hidroeléctricos, señala el documento presentado por los diputados Hugo Meza, Diosnel Aguilera, Rubén Rousillón y Luis González Vaesken.
De esta forma, el proyecto plantea la distribución de los recursos del Fonacide de esta forma: el 32% será para el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación; 40% para gobiernos departamentales y municipales; 12% Fondo Nacional para la Salud; 8% para capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y 8% para universidades públicas e institutos superiores.
Los gobiernos departamentales percibirán el 25%, mientras que los gobiernos municipales percibirán el 75% del total.
De los recursos destinados a los gobiernos departamentales, un 12,5% se distribuirá en partes iguales para todos los departamentos, mientras que el restante 87,5% se distribuirá proporcionalmente según el tamaño de la población escolar departamental.
