La Cámara de Diputados tratará hoy, en sesión ordinaria convocada para las 09:00, varios pedidos de intervención a municipios que presentan supuestas irregularidades. Algunos de los pedidos ya están hace un año “atascados” en la Cámara Baja, como es el caso de municipios cartistas, como de Tomás Romero Pereira, administrado por Hernán Rivas, padre del senador Hernán David Rivas. También el Municipio de Ñemby que cuenta con la protección del movimiento de Gobierno.
Un total de siete municipios sabrán su suerte, una vez que Diputados den su fallo respecto al conceder acuerdo constitucional para la intervención y también conformar comisiones especiales para estudiar la intervención.
El caso más llamativo es el del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas, cuyo caso se viene congelando desde 2024 y recién en 2025 la Cámara movió el expediente pero de nuevo en setiembre por acuerdo de la mayoría de los diputados de la ANR y el PLRA, se volvió a postergar el estudio junto al de otros municipios.
El supuesto perjuicio que se adjudica a la administración de Rivas asciende a G 2.000 millones que corresponden a royalties, mientras que alrededor de G. 7.000 millones corresponden a recursos genuinos. Algunas obras de infraestructura que fueron licitadas se hicieron supuestamente con máquinas del MOPC y, aún así los costos no variaron en beneficio de la Comuna, advirtieron en reiteradas ocasiones los miembros de la Junta.
Se añade el caso de Ñemby, para el cual también la Cámara debe decidir la conformación de la Comisión especial de estudio del pedido de intervención. La intervención del Municipio que maneja Tomás Olmedo fue aprobada por la Junta Municipal en 2024. Las denuncias son varias entre las que se señalan la imputación contra el jefe comunal por supuestos hechos de corrupción por el faltante de G.700 millones, así como por lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.
La situación del intendente de Yby Yaú, Vidal Argüello, se presenta confusa. Existe un documento de la Junta solicitando la intervención, aún así el jefe comunal respondió con una denuncia contra los concejales ante el Ministerio Público por supuesta adulteración del acta legislativa y que tampoco la Contraloría halló indicios para la intervención. No obstante, Argüello fue denunciado penalmente por los concejales por falta de transparencia.
El Municipio de Ybyrarobaná es otro de los que hoy conocerá su suerte si Diputados avanzan con la conformación de las comisiones especiales que estudiarán los pedidos. La Junta Municipal no aprobó las rendiciones de cuentas del intendente César Machuca por supuesta falta de documentaciones. Pesa sobre su administración la sospecha de malversación de fondos.
El Municipio de Emboscada, situado en el Departamento de Cordillera, bajo la gestión del liberal Sergio Peña, está en la mira por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo con la denuncia de los concejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado, pero que no fueron ejecutadas.
Sobre el intendente de Mallorquín, Elvio Coronel, pesan sospechas nacidas a raíz de la verificación de la Contraloría General de la República (CGR), que señaló 24 presuntas irregularidades.
Un caso que se denunció fue de cheques al portador por montos millonarios, la compra de combustible por más de G. 1.900 millones sin utilización de tarjetas magnéticas y obras con supuesto sobrecostos.
El intendente de Lima aguarda el veredicto final de la Cámara Baja
El intendente de la ciudad de Lima, Departamento de San Pedro, Juan Manuel Ávalos, también tiene pendiente conocer su suerte en la Cámara Baja.
En su caso, la Comisión Especial integrada para la verificación de la denuncia ya deliberó sobre el asunto a raíz de que la conformación de la instancia de investigación tiene meses.
Para este caso, la Cámara estudia prestar o no el acuerdo para la intervención.
El expediente data de 2023 y se dio por acuerdo de la Junta Municipal tras el rechazo de la rendición de cuentas del jefe comunal por el periodo citado. Se argumentan irregularidades con el programa de almuerzo escolar y merienda escolar. De acuerdo con la denuncia, no se cuenta con respaldo documental por valor de G.514 millones.
La conformación de la comisión que estudia el pedido ya fue establecida con antelación y se cuenta con sendos dictámenes, uno de los cuales en mayoría se da por el rechazo y en minoría por la aprobación.
El dictamen no es vinculante, pero prima un acuerdo político, la intervención sobre el intendente de una alianza opositora no correría.
Es el único caso para el cual se prevé una decisión final, dado que los demás municipios recién están en la etapa de conformación de las comisiones especiales de estudio de los pedidos de intervención, propiamente dichos.
