La jefa de la bancada A, Rocío Abed, explicó que la conversación giró en torno a aclarar la situación, aunque al término se ratificaron en su postura como Cámara de Diputados de que el operativo tuvo irregularidades, y de exigir la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía, Carlos Benítez.
No obstante, los diputados negaron que haya una ruptura en el oficialismo, solo posiciones distintas. Abed indicó que el presidente respeta la postura de las bancadas y ellos también la del Ejecutivo. Afirmó que confían en Peña y en el vicepresidente. “Aclaramos que podemos tener distintas posiciones”, precisó.
Legal en la mira. En línea con varios discursos de los referentes del cartismo, el cuestionamiento apunta a Osmar Legal, el juez que autorizó el allanamiento de la casa de Gomes en Pedro Juan Caballero. Abed se sumó a esta postura y pidió que el esclarecimiento sea desde el “mandamiento”.
“Desde el mandamiento para nosotros es irregular. Faltan muchas cosas que aclarar, nos ratificamos, el mandamiento, desde el vamos, desencadena un montón. Nadie está por encima de la ley ni de la Constitución”, expresó.
Justo un día antes, Riera mencionaba al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como autor importante en esta historia, ya que varios referentes políticos piden sanciones a jueces y fiscales. “El Jurado debería ser justo, que saque lo malo, pero que no persiga a quien cumple la ley”, mencionó.
También dijo que no hay un narco-Estado en Paraguay, sino solo infiltraciones. “Hay jueces y otros agentes que son valientes”, afirmó.
Acuerdo. El único ausente de los 36 de la bancada A fue Raúl Latorre, quien se encuentra de viaje. También participaron los ocho de la bancada B. Fuerza Republicana no estuvo en la reunión.
Eliminar SIU. Tras la reunión, un sector más duro del ala cartista lanzó la idea de eliminar la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles (SIU). El diputado Yamil Esgaib se encargó de exteriorizar la propuesta que tendrá forma con apoyo de otros colegas.
El argumento: “Hacen lo que quieren”. Esta dependencia de unidad especial de la Policía trabaja directamente con la DEA de EEUU.
El diputado Hugo Meza, de la bancada B, insistió en que se instaló la tolerancia entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero ahora ponen en el foco a los órganos de Justicia, que son los que deben aclarar los hechos. “La responsabilidad es del Ministerio Público. Se deben aclarar los excesos del procedimiento. Hay dos instituciones a prueba, la Fiscalía y el Poder Judicial. Se deben esclarecer todas las dudas”, subrayó.
En el mismo sentido, Rodrigo Gamarra manifestó que estas dos instituciones deben rendir cuentas y que ratifican que tanto Riera como Benítez deben dar un paso al costado, con lo que deslindan la responsabilidad a Peña de tener que decidir sobre una destitución de su ministro.
De hecho, la tensión entre Diputados y Ejecutivo se dio por la postura del presidente de apoyar a Riera y no cuestionar el operativo, cuando los legisladores pedían cabezas, para que alguien asuma los costos de haber allanado de sorpresa la vivienda del diputado abatido en PJC.
La presencia de Cartes en el encuentro en el salón Tiríka fue importante, ya que como presidente del Partido Colorado desde el día uno asumió la postura de bajar los ánimos exaltados entre las bases.
La hija del diputado acusa a juez ante JEM
El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, fue acusado por mal desempeño en sus funciones, por Larissa Gomes, hija del diputado Eulalio Lalo Gomes, fallecido el pasado lunes, en un allanamiento fiscal-policial.
El escrito, patrocinado por el abogado Óscar Tuma, sostiene que la acusación deriva de la forma y de los errores cometidos por el juez en el mandamiento de allanamiento que emitió para allanar el inmueble en Pedro Juan Caballero.
Cita los graves errores, tales como la dirección en idioma portugués, la falta de justificación clara para el allanamiento nocturno; la falta de identificación de las personas a detener, ya que utiliza simplemente “personas sospechosas”.
Igualmente, también que la orden emitida no especificaba la duración del mandamiento.
Además, que el juez admitió una imputación contra una persona fallecida, en este caso, el diputado Eulalio Lalo Gomes, quien ya había muerto a la hora de la presentación del escrito fiscal, lo que extinguía la causa. Además, también la inconsistencia de los títulos, ya que no se aclara el juzgado ni la ley usada.
Cita también las cinco denuncias anteriores de Legal, cuando era fiscal. Finalmente, pide sanción para el magistrado, según corresponda.
