La Cámara de Diputados dio sanción este martes al proyecto de ley que autoriza el pago de intereses derivados de certificados de obra y habilita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a recurrir a la emisión de títulos de deuda del Tesoro Público para obtener los recursos necesarios.
La iniciativa busca regularizar obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en contratos suscritos por el Estado con empresas constructoras. Como consecuencia de esos retrasos, se generaron intereses moratorios que ahora podrán ser reconocidos y abonados por el Estado.
El proyecto establece como límite una tasa de 9,9% anual para el cálculo de los intereses. Además, dispone que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la promulgación de la ley.
Acuerdos
Durante el debate, el diputado César Cerini (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que la propuesta apunta a otorgar un marco legal para que el MOPC pueda cumplir con obligaciones que quedaron pendientes de pago dentro de los plazos contractuales.
La comisión emitió dos dictámenes: uno en mayoría, a favor del proyecto, y otro en minoría, por el rechazo.
Por su parte, el diputado Néstor Castellano (ANR-Central), en representación de la Comisión de Presupuesto, señaló que dicha instancia acompañó el dictamen favorable, aunque introdujo modificaciones de forma y algunas precisiones.
Castellano explicó que durante el estudio del proyecto se realizaron reuniones con representantes y técnicos del MOPC, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
Uno de los principales puntos analizados fue precisamente la tasa de interés. Según el legislador, los contratos contemplaban tasas que iban del 10% al 24%, pero tras las conversaciones entre las instituciones y el sector privado se acordó establecer un máximo de 9,9% anual.
“Se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9%”, sostuvo el parlamentario durante el tratamiento de la iniciativa.
Críticas
La propuesta no estuvo exenta de cuestionamientos. La diputada Johanna Ortega (PPS-Capital) advirtió sobre la decisión de establecer mediante una ley una tasa general para obligaciones que provienen de contratos diferentes.
La legisladora sostuvo que podrían existir contratos cuyas condiciones originales contemplaban tasas inferiores al 9,9%, por lo que, a su criterio, cada obligación debería ser analizada individualmente y de acuerdo con las condiciones pactadas.
En la misma línea, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú) cuestionó que el Estado termine asumiendo las consecuencias económicas de las demoras del MOPC.
Consideró que constituye “un despropósito cargarle a los paraguayos el peso de la ineficiencia de un ministerio” y criticó la gestión de la cartera de Obras Públicas.
El diputado Roberto González (ANR-Cordillera) también expresó reparos respecto a la posibilidad de que una ley termine modificando o alterando condiciones que ya fueron acordadas previamente en contratos entre el Estado y las empresas.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto obtuvo sanción y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
