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Diputados aprueban que se regule el uso de vapeadores

 

Sin oposición y coincidiendo en lo peligroso que puede resultar para la salud, el pleno de la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que plantea la regulación del uso de vapeadores en menores de edad, como así también el uso en instituciones públicas y educativas y en espacios públicos para mayores de edad.

Esta decisión se asumió al unificar dos normativas similares que tenían el mismo objetivo.

El diputado liberal Marcelo Salinas, proyectista de la iniciativa, dijo que el documento surgió ante la preocupación por el aumento de vapeadores, especialmente jóvenes consumidores, menores de edad en mucho de los casos.

El titular de la comisión de Salud, Miguel Del Puerto explicó que con la propuesta se busca ampliar el espectro de ley vigente en cuanto a la comercialización, uso y consumo de cigarrillos electrónicos, y vapeadores. “Buscamos, también, concienciar sobre la peligrosidad y prevenir el gasto público de enfermedades que pueden ser producidos por el uso y consumo de estos aparatos”, puntualizó.

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Por su lado, Raúl Latorre, de profesión médico al igual que Del Puerto, indicó que los vapeadores hacen daño a nivel pulmonar, teniendo en cuenta que la mayoría de las sustancias que se consumen contienen nicotina.

Mencionó que dichas esencias no están reguladas por lo que no hay garantías sobre qué producto se está introduciendo al sistema respiratorio.

“Tenemos que entender el daño; la propia utilización del vapeador, independientemente al producto, genera un daño; el segundo problema es que la mayoría de las esencias, contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva y, por otro lado, está el problema del alto porcentaje de menores de edad que utilizan estos dispositivos. El vapeador dejó de ser un instrumento inocuo para dejar el cigarrillo, tenemos que entender la importancia de la regulación”, aseveró.

SANCIÓN. Según el documento aprobado y que pasa a disposición del Senado, el incumplimiento de la normativa será sancionado con el pago de multas de entre cinco a veinte salarios mínimos. Además se procederá al decomiso y destrucción de los productos en infracción.

Se establece asimismo que la autoridad de aplicación (Municipalidad) destinará el importe de las multas recaudadas a campañas de prevención a las adicciones y el cáncer.

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