El objetivo de la convocatoria al contralor general de la República es que el funcionario brinde explicaciones ante los diputados sobre los dictámenes elaborados por la Contraloría General de la República respecto a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este.
El contralor solicitó al Ministerio del Interior la intervención de ambas administraciones municipales que tienen a la cabeza al colorado cartista Oscar Nenecho Rdoríguez y Miguel Prieto (Yo Creo), respectivamente. Este último es potencial candidato opositor a la Presidencia de la República en 2028.
Legisladores opositores consideran que la Contraloría está siendo utilizada como instrumento de persecución o “garrote” para desgastar a figuras como Prieto, por lo que también acompañan que el contralor sea llamado a brindar explicaciones.
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A Camilo Benítez se le cuestiona que la solicitud de intervención de una municipalidad es facultad única de la Junta Municipal, por lo que se considera que se extralimitó en sus funciones. La Contraloría tiene la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero la Constitución Nacional no le habilita a solicitar la intervención, como establece el artículo 165 de la carta magna.
El contralor solicitó expresamente en su dictamen remitido al Ministerio del Interior la intervención de las mencionadas municipalidades, con lo que se salta a los legislativos municipales, arriesgando la objetividad de la Contraloría como órgano técnico extrapoder.
Los referentes de oposición critican el dictamen de la Contraloría en el que se solicita directamente la intervención de ambos municipios, por omitir cuestiones graves en torno a las irregularidades cometidas bajo la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez como intendente de la capital, que incluso sobrepasan el ámbito administrativo y entran en lo penal.
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La principal omisión es el uso de los fondos de los Bonos de G. 500.000 millones, cuyo destino se desconoce y que el intendente se negó a revelar las respectivas documentaciones para la rendición de cuentas.
También se omite el famoso caso de los “detergentes de oro” que corresponde a compras sobrefacturadas durante la emergencia por pandemia.
