12 nov 2026

Observatorio Judicial no incluye varias causas por corrupción

La abogada Esther Roa sostuvo que en el 2025 no se logró el fortalecimiento del Observatorio del Poder Judicial, herramienta que sirve de apoyo para controlar los expedientes de corrupción.

UHPOL20260105-008A,ph01_26856.jpg

En la mira. La Coordinadora de Abogados sostiene que en el 2025 la plataforma no mejoró en prácticamente nada y no incluye casos polémicos.

GENTILEZA

La abogada y activista y titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), Esther Roa, indicó que varios expedientes de casos de corrupción pública no son incluidos en la plataforma del Observatorio del Poder Judicial, lo que dificulta dar el seguimiento a casos sonados y emblemáticos de corrupción.

Indicó que, en el 2025, no se logró incorporar nuevos expedientes y al no ser posible esas inclusiones no se puede controlar el avance o no de un expediente de corrupción pública.

Roa dijo que una vez que esté en el observatorio, ayuda a transparentar los expedientes de corrupción pública y que con este hecho lamentable se comprueba que el observatorio nunca se fortaleció.

“Me preocupa mucho el observatorio judicial, cada vez está peor, en el presupuesto ni siquiera incluyeron el fortalecimiento de esa plataforma digital que necesita funcionarios que hagan solamente la carga de informaciones en los expedientes, prácticamente están solo cinco funcionarios que cumplen doble función, hacen auditoría de gestión y también tienen a cargo el observatorio desde la creación del observatorio en agosto del 2019 hasta ahora, no he logrado que la Corte entienda de que ese observatorio debe funcionar con funcionarios propios. Hay una jefa, pero no se tienen funcionarios que puedan hacer ese trabajo, y tampoco ninguno de los ministros que ocuparon la Superintendencia nunca tuvieron la responsabilidad de mejorar esa plataforma judicial”, sostuvo Roa.

Fortalecimiento. ‘Mencionó que en otros países priorizan el desarrollo y fortalecimiento de esa herramienta de transparencia y rendición de cuentas porque cumplen con los requisitos convencionales en materia de lucha contra la corrupción.

“Acá no hay ninguna intención de parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia”, indicó la letrada.

De hecho, el pasado 25 de noviembre, la Coordinadora de Abogados envió una nota a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que algunos casos emblemáticos sean incluidos dentro de la plataforma para darle seguimiento.

casos. Entre los expedientes solicitados se encuentran: El caso del ex diputado fallecido Eulalio Gomes y otros sobre lavado de activos, María Angélica Acosta sobre cohecho pasivo agravado, Francisco Goiburú sobre prevaricato, Fátima Agüero sobre estafa, Víctor Bernardo Garay sobre lesión de confianza, etc.

“Se pone a disposición de la ciudadanía alrededor de 100 causas de interés las cuales cuentan con el número y carátula del expediente, el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados, el tipo de actuación según cada procesado y el estado actual en cada caso. Las causas corresponden a las Circunscripciones de Asunción y el interior del país y son seleccionadas a través de recomendaciones de los gremios de abogados del Paraguay, y tras pedidos de información, tanto de medios de comunicación como de la ciudadanía, a través de los diversos canales de comunicación vigentes”, reza la plataforma digital de la máxima instancia judicial.

21 expedientes de casos de corrupción pública fueron solicitados para que ingresen al Observatorio Judicial.

Urgen dar solución a la precariedad del Observatorio

En setiembre del año pasado, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) ya solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el fortalecimiento de la Oficina del Observatorio. “La precariedad con la cual se maneja la oficina de observatorio se ve reflejada en la mala calidad de la información, esta situación compromete seriamente la credibilidad institucional y por sobre todo muestra el poco interés en cumplir con compromisos internacionales”, señala la nota enviada.

Afirma que la Coapy ha tratado por todos los medios que en Paraguay la regla no sea la impunidad, pero sin embargo no obtuvieron respuestas.

La misiva indica que el Observatorio no cuenta con la infraestructura adecuada, tecnologías, accesos directos a los expedientes, computadoras y cantidad suficiente de recursos humanos.

Igualmente, el gremio de abogados denunció que, a la par, han sido eliminados del observatorio judicial algunos expedientes de casos sonados de corrupción vinculados a la clase política.

“Conforme a nuestro control mensual se ha constatado que a pesar de haber sido incluidas inicialmente, algunas causas han sido excluidas por la plataforma”, señala la nota.

Entre los casos que han sido excluidos se encuentran el del ex diputado Carlos Portillo, el del ex titular de la ANDE Martín Heisele, el del ex diputado Carlos Soler, el del ex rector de la UNA Froilán Peralta, el del ex contralor General Óscar Rubén Velázquez, el caso del ex gobernador de Presidente Hayes y hermano del titular del Congreso Nacional, Óscar Venancio Núñez, el de la ex titular de Petropar Patricia Samudio, así como también el del ex titular del Indert Justo Cárdenas, entre otros.

Según la Coapy, los expedientes de corrupción que atañen a estas personas fueron sacadas de la plataforma. Hasta el momento no obtuvieron respuesta, pese a las innumerables notas arrimadas hasta la Corte Suprema de Justicia.

Más contenido de esta sección
Senadores opositores presentaron un proyecto que busca recuperar el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. La iniciativa apunta a reponer disposiciones de la Ley 7089/2023, modificada durante el gobierno de Santiago Peña mediante la Ley 7236/2024. Los legisladores sostienen que el caso ueno dejó al descubierto los riesgos de la vinculación entre el poder económico y las instituciones encargadas de controlar.
La disidencia colorada en la Cámara de Diputados evalúa el apoyo al juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón. El libelo acusatorio ya está siendo socializado por parte de la oposición. Si bien coinciden en que existen elementos, deben asegurar los votos, afirman disidentes.
La Presidencia anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley transitorio, con una vigencia de ocho meses, para supervisar a sociedades vinculadas al banco intervenido que no estén bajo investigación judicial ni dentro del ámbito de actuación de la Senabico. En paralelo, la Procuraduría General de la República solicitó intervenir en las causas penales para monitorear el proceso y resguardar los intereses patrimoniales del Estado.
La abogada Alejandra Peralta Merlo, especialista en DDHH y ex viceministra de Justicia, cuestionó la calificación jurídica de la investigación fiscal sobre el escándalo de Ueno Bank. Sostuvo que el problema no pasa solamente por los años de cárcel que podrían enfrentar los imputados, sino por los delitos que permitirían investigar el destino del dinero, rastrear posibles operaciones de lavado de activos y avanzar sobre el patrimonio de otras personas del entorno.
El diputado del PLRA Pedro Gómez señaló que esperan el acompañamiento de otros sectores para la firma del libelo acusatorio contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que ya está circulando en la Cámara de Diputados.
La Dirección Nacional de Migraciones reportó un aumento del 105% en las solicitudes de radicación durante los primeros 11 días de noviembre. Su titular, Jorge Kronawetter, aseguró que la crisis financiera y política por el caso Ueno no tuvo impacto negativo en los indicadores migratorios. Además, confirmó que la institución mantiene canales directos con la Fiscalía y está a disposición para colaborar con la investigación.