La defensa del diputado colorado Carlos Núñez Salinas amplió la recusación en contra del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, porque supuestamente pasó informaciones a la prensa.
En su recusación había incluso pedido que los periodistas sean citados y que no se amparen en la protección de fuentes, de modo a que revelen quién les pasó la información sobre el caso.
Ahora, al ampliar sus argumentos de la recusación, la defensa incluso transcribió una publicación del diario ABC Color, donde dan datos de la audiencia suspendida.
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, a través de la disposición del camarista Cristóbal Sánchez, corrió traslado al juez Otazú para que el mismo presente su defensa ante las manifestaciones de Núñez Salinas.
En la primera recusación, planteada en la audiencia preliminar el pasado 23 de agosto, había pedido al juez que se excuse o de lo contrario le iba a recusar.
También sostuvo que ya hubo preopinión del juez cuando le dio trámite de oposición al pedido de suspensión condicional del procedimiento, donde el diputado había reconocido los hechos.
CONTRA LA PRENSA. En su recusación, la defensa afirma que el juez le pasa datos, incluso, ofreció dejar de lado su derecho de la intimidad, para mostrar capturas de pantalla del celular, de supuestas conversaciones entre el juez y un periodista.
La defensa pidió que se citara a declarar a periodistas, donde quiere que se les prohíba ampararse en la garantía de protección de las fuentes y que revelen quién les pasó la información.
Otazú, al contestar la primera recusación, negó los argumentos esgrimidos por la defensa, además de pedir que se rechace la recusación.
Ahora, el magistrado seguramente se ratificará en el pedido de rechazo de la recusación planteada.
El caso, a la fecha, ya lleva cinco años de trámite, y aún no se puede realizar la audiencia preliminar para el encausado.
Núñez Salinas está acusado por la Fiscalía por los supuestos delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos.
Conforme con la acusación del Ministerio Público, el diputado ingresó de contrabando decodificadores que valían USD 1.026.028, pero en la facturación se declaró otro producto por un monto de USD 17.760.
La causa sigue trabada por la ampliación de la recusación.