El titular de esta institución, Joel Talavera, expresó que la empresa Spotify les volvió a expresar su preocupación por la intención de los diputados de que esta plataforma abonen un porcentaje más a los artistas lo que encarecería mucho el servicio que brindan y le obligaría a esta plataforma a retirarse del país.
“Nos hemos opuesto a este proyecto fundadamente, por escrito; tanto el proyecto madre que se presentó el año pasado, como a este último proyecto”, señaló Talavera.
Aclaró que el proyecto que se estudia hoy en Diputados no se elaboró en la Dinapi, como se había especulado, y es más, aclaró que lo habían rechazado desde un principio, ya con el proyecto original y las posteriores correcciones realizadas, con lo que el mismo fue introducido nuevamente a la Cámara Baja.
Fue así que el primer proyecto presentado ante Diputados había sido rechazado al no obtener los votos necesarios para su aprobación.
“Este proyecto es muy confuso y habíamos pedido que se aclare”, expresó Talavera, pero después de unas correcciones realizadas, ahora volverá a ser tratado en sesión.
Preocupación. El proyecto de Ley D/72213/23 se vuelve a estudiar en la fecha en la Cámara de Diputados, por lo que la plataforma Spotify volvió a expresar su preocupación ante la posible aprobación del mismo. Como la propuesta anterior, el proyecto que se estudia hoy establece una obligación de pago adicional que los servicios de streaming tendrían que realizar a la organización de gestión colectivas de artistas intérpretes o ejecutantes de música de Paraguay, sin ningún mecanismo para contrarrestar ese monto de los costos de adquisición de licencias existentes.
Duster Jenkins, la jefa Global de Asuntos Públicos de Spotify, alegó que el nuevo proyecto de ley no resuelve las muchas cuestiones graves planteadas por este modelo ni considera suficientemente el potencial impacto en los servicios streaming ni el de otros actores en el mercado de la música, incluido el de los propios artistas.
Al respecto, Talavera expresó que duda de que este nuevo proyecto de ley sea aprobado en Diputados, porque el procedimiento de cambiar una normativa vigente debe pasar también por Senadores y, finalmente, debe ser decretado o vetado por el Ejecutivo, por lo que estima que no sea aprobado en estas instancias.
