El director de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) confirmó que las armas incautadas en el último campamento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hallado en la reserva de Mbaracayú, Canindeyú, presentan al menos dos posibles orígenes: una pistola con trazabilidad en el sistema nacional que fue vendida sin papeles y figura a nombre del propietario y fusiles que podrían estar vinculados a redes de tráfico de armas, incluyendo un lote investigado por tráfico de armas en la Operación Andina.
“Preliminarmente, se trata de cuatro fusiles largos y una pistola. Todos los rifles corresponden a la plataforma R-15. A simple vista, uno de ellos tiene un logo Colt falsificado, plantado con tecnología láser para evitar la trazabilidad real del arma”, explicó Servín, subrayando que ninguno de los cuatro rifles figura en el sistema de control nacional. La identificación oficial aún depende de las pericias del Ministerio Público, que no remitió formalmente los materiales para los análisis químicos y otros estudios técnicos.
Uno de los fusiles podría estar relacionado con una la causa de tráfico de armas de Carros Vía Chile, que fue descubierto en el marco del operativo Andina, en el cual la empresa fue investigada por comercializar armas a la casa Santa Rosa de Lima, esta última estaba a nombre de un cuidacoches.
“No descartamos esa conexión. Es posible que uno de estos fusiles provenga de ese lote, pero aún no tenemos la confirmación técnica para afirmarlo”, señaló el general con relación al fusil MKA by Usan 5.56 encontrado en la escena donde fue abatido Óscar López, alias Loro.
En cambio, la pistola tipo Glock sí cuenta con trazabilidad clara en el sistema nacional. Según detalló Servín, fue vendida legalmente en 2017 y sigue registrada a nombre del comprador original. Sin embargo, esta persona reconoció haberla revendido posteriormente sin documentación alguna, lo cual constituye una violación a la normativa vigente. “Ambas personas fueron contactadas por la institución y ya están convocadas para dar su versión oficial. El arma sigue activa en el sistema, pero la venta informal sin papeles rompe el circuito legal”, explicó el director de Dimabel.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la circulación de armas en el país, aunque el general defendió la mejora de los controles en los últimos años. “Hoy día, cada mañana a las 5:30 recibimos reportes en tiempo real sobre todas las transacciones del día anterior. Podemos saber quién compró armas o municiones, cuántas, en qué lugar y con qué justificación. Si algo genera dudas, mandamos un equipo al terreno a verificar. Ese control ha permitido que el comercio de armas ilegales disminuya significativamente”, aseguró.
Aun así, los hallazgos recientes demuestran que persisten las grietas en el sistema. Una de las armas llegó a manos del autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) tras ser vendida sin papeles; otras, directamente, podrían haber ingresado al país por vías ilegales ligadas a redes internacionales. Mientras avanza la investigación del Ministerio Público, Dimabel se prepara para completar los análisis técnicos y aportar datos cruciales en un caso que revela los desafíos persistentes del control armamentístico en Paraguay.
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Operacion Andina
La casa comercial Santa Rosa de Lima, habilitada por Dimabel en 2021 y clausurada en marzo de 2023, se negó a entregar su libro de ventas, lo que impidió rastrear el destino de 1.847 armas adquiridas. Según registros del Sistema Integrado de Dimabel (SID), nunca reportó su distribución, y hasta hoy se desconoce el paradero de ese arsenal.
Entre sus proveedores estuvo Carros Vía Chile, una importadora formal, de la que Santa Rosa de Lima compró al menos 116 armas. Parte de ese lote fue incautado posteriormente en operativos de la Policía Federal del Brasil, en manos de organizaciones criminales.
Uno de los puntos más insólitos del caso es que el negocio estaba a nombre de Isabelino Jiménez, un cuidacoches que declaró haber cobrado G. 500.000 semanales por prestar su firma para la habilitación de la firma. En solo seis meses, la empresa movió armas por más de G. 9.500 millones.
Durante la Operación Andina, fueron allanadas Carros Vía Chile, Santa Rosa de Lima y Caza y Pesca 19 de Marzo. El operativo permitió incautar 49 fusiles y 70 pistolas, y derivó en la detención de Estela Colmán Otazú (propietaria de Carros Vía Chile) e Isabelino Jiménez, mientras Celso Vera Portillo, vinculado a 19 de Marzo, sigue prófugo.
Las investigaciones revelaron que estas casas actuaban como fachadas legales para desviar armas, muchas de las cuales terminaron en Brasil