De boca del propio parlamentario colorado se afirma que la ley contra las organizaciones de la sociedad civil es inconstitucional “lo que no le parece relevante porque según sus expresiones la misma solo sirve para ventilar cuestiones privadas de las organizaciones que jamás deberían haber alcanzado el actual nivel de chisme y menoscabo”.
En sus revelaciones, difundidas profusamente, desprecia las recomendaciones del propio presidente de la República cuyas sugerencias califica de “boludeces” desacreditando la importancia de un poder del Estado que tiene atribuciones de veto de la norma que ya tiene tratamiento de ambas cámaras del Congreso, afirma la red de OSC. Las afirmaciones de Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), confirma todas las sospechas en torno a los verdaderos propósitos de la misma, sostienen.
Sus afirmaciones demuestran la irrelevancia que consignan a la labor del presidente en todo proceso legislativo, “donde ha mostrado la incapacidad de argumentar razonablemente la norma aplicando la aplanadora irracional en todos los casos”.
A la red de OSC resulta evidente que los de la CBI no buscan transparencia, sino “quieren venganza”, por la Ley de Acceso a la Información Pública, por las herramientas desarrolladas desde las OSC para ampliar la transparencia o controlar el gasto público y “porque osaron” acompañar el fortalecimiento de las instituciones que ponen en riesgo sus intereses.
“Esto se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento, porque ellos evidentemente no nos pueden dar los datos, porque si nos dan los datos, ellos mueren política y socialmente en Paraguay”, expresaba Leite en la conversación telefónica, refiriéndose a las oenegés.
Asegura que hoy “un oenegero” es alguien que no quiere la transparencia, un incoherente, que dice una cosa y hace otra. “Tenemos que insistir por ese lado y por supuesto ventilar lo que tenemos”, remarcó.
Estas afirmaciones del senador hacen imposible que continúe en su labor en la CBI “por lo cual debería renunciar al cargo que ostenta por su abierta complacencia con la ilegalidad de sus actos y por su conducta indecorosa y hostil a la democracia”.
El hecho de generar el mayor daño posible a las personas que luchan contra la corrupción y cooperan por pedido de las propias instituciones públicas “es una señal más que evidente de los verdaderos propósitos de la CBI”, insiste el comunicado. A Leite y otros no les importa la inconstitucionalidad de la ley.
