Kevin Orr, nombrado por el estado de Michigan como el gestor externo de la ciudad, fue el encargado de solicitar la protección por quiebra bajo el capítulo 9 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.
Ahora la Justicia debe decidir si acepta la petición de suspensión de pagos y reestructuración de la deuda por valor de 18.500 millones de dólares, aunque desde junio varios bancos habían acordado con Orr una quita de hasta el 75 %, según el diario Detroit News.
“El presidente (Barack Obama) y los miembros del equipo del presidente continúan observando de cerca la situación en Detroit”, sostuvo hoy Amy Brundage, funcionaria de la Casa Blanca.
“Mientras que los líderes de la planta en Michigan y los acreedores de la ciudad entienden que deben encontrar una solución al problema financiero de Detroit, nos mantenemos comprometidos a continuar nuestra fuerte asociación con Detroit, ya que trabaja para recuperar, revitalizar y conservar su estatus como una de las grandes ciudades de Estados Unidos”, afirmó Brundage.
La petición de bancarrota desencadenaría la caída de contrataciones y gastos municipales al mínimo necesario, lo que ha provocado críticas y peticiones para que la que fuera una de las capitales más boyantes del mundo venda muestras de su antiguo esplendor, como sus colecciones de arte o edificios.
La capital del motor lleva en caída libre desde los noventa y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por condenarse a la suspensión de pagos a una ciudad que fue el símbolo del poder industrial estadounidense.
La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta en entorno de los 700.000 habitantes, mientras que solo entre 2000 y 2010 experimentó un salida de un cuarto de sus habitantes, con partes convertidas en barrios fantasmas.
Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas ha provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos.
