El caso estuvo a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, quien solicitó al juzgado la desestimación de la denuncia presentada por la ex ministra de Justicia, Sheila Abed contra la diseñadora gráfica Fiorella Gustale.
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El alegato de la Fiscalía hacía referencia a que la investigación concluyó con la comprobación de que el servicio fue íntegramente prestado al Ministerio de Justicia, y que no se hallaron reunidos los supuestos de cobro indebido de honorarios profesionales.
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Según la denuncia, presentada en el año 2013, el primer contrato firmado entre el Ministerio y la investigada era para un trabajo por el monto de G. 4.400.000 de salario mensual en concepto de prestación de servicios.
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Lo que se cuestionó es que en el contrato no se especificaban las tareas que la diseñadora debía cumplir en la cartera estatal.
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