Esto, luego de la confirmación por parte de la fiscala Adjunta, María Soledad Machuca, el pasado 5 de agosto del 2024, que contestó el trámite de oposición que le dio la magistrada de Garantías.
El pedido de desestimación fue presentado por el fiscal Luis Piñánez, luego de la investigación que realizó. El pedido fue presentado el 4 de febrero del 2021, porque entendía que no existía hecho punible.
La investigación fiscal fue abierta tras publicaciones periodísticas del 2013. Las mismas indicaban que la Procuraduría General de la República fue cómplice en el supuesto despojo de fondos públicos, en perjuicio del Estado Paraguayo. En ese entonces, era Procurador General, Pedro Valiente Lara.
Según la publicación, el entonces procurador aceptó el pago de la suma de USD 10 millones a los miembros de la familia Arza Huerta en concepto de acuerdo conciliatorio.
Esta familia reclamaba, según los archivos periodísticos, un total de ocho hectáreas dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, en la ciudad de Luque.
No obstante, según dictámenes técnicos que se realizaron a raíz del pedido presentado por la citada familia, esas ocho hectáreas reclamadas no existían.
Con ello, durante la investigación del fiscal Piñánez, se corroboró mediante informes que no hubo perjuicio patrimonial porque no se dispuso del dinero del Estado. Incluso, se informó que se inició un juicio nulidad de acto jurídico respecto a ese acuerdo y no se procedió al pago que se pretendía. La jueza admitió la desestimación.
