El informe de Transparencia Internacional, que ubica a Paraguay entre los 14 países más vulnerables para el tráfico de armas por corrupción, reveló que el comercio ilegal para el crimen organizado es un problema vigente; sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, aseguró a ÚH que la situación expuesta se basa en periodos anteriores al gobierno de Santiago Peña, como el Operativo Dakovo.
Indicó que la gestión actual reforzó los controles y que mediante este trabajo “no hubo un solo hecho de corrupción que involucre a autoridades militares”, que resguardan la venta y comercialización de artículos de defensa, como cartuchos u otros insumos.
Por su parte, el general Melanio Servín, director de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), señaló a ÚH que se tomaron medidas como la aplicación del sistema integrado, que logró la trazabilidad de las armas, mediante lo cual presentaron ante la Fiscalía 30 denuncias en total desde el 2023 en torno al tráfico, a través de la detección interna de irregularidades.
Este sistema integrado está diseñado para el control tecnológico de tareas, y permite que todas las documentaciones queden registradas y sean auditables.
La trazabilidad ayudó a encontrar varios hechos irregulares en la institución, mencionó Servín, y en total ya fueron enviados a prisión cuatro funcionarios militares por pedido de coimas.
De estas denuncias, la mitad ya fue operativizada; hay personas detenidas, imputadas y otras prófugas, incluso a nivel internacional, detalló el director de la Digemabel.
Servín informó que en el mercado nacional hay 24.000 armas que tienen en stock importadores y comerciantes, que son legales y están siendo comercializadas.
El ministro de Defensa resaltó que lo central en el combate al tráfico es el sistema integrado, y de esta manera se descubrió un esquema que estaba iniciándose en la generación de un sistema de compra simulada de armamentos de una empresa de venta de armas. Estaban involucrados suboficiales, que eran jóvenes de bajo rango en las Fuerzas Armadas, y que prestaban su nombre a la red. El hecho se reportó a la Fiscalía.
González recordó que en este gobierno se reglamentó la Ley de Armas, luego de 14 años, y que además Peña suspendió por decreto la importación de armas. La semana pasada además concluyó una capacitación a jueces y fiscales de las unidades del crimen organizado sobre armas y municiones. “En épocas anteriores hubo hechos y existen militares que están presos en Viñas Cué”, dijo.
Hoy entra en vigencia la nueva Ley 7411 del sistema integrado, cuyo software fue desarrollado con funcionarios de la Digemabel. Permite la trazabilidad de todas las tareas sobre importaciones, exportaciones, venta y comercio en general de armas, municiones y explosivos.
24.000 armas de fuego se tienen registradas en el mercado nacional como parte del stock legal de comerciantes.
