Tras la presión de varios sectores políticos y atendiendo que el abogado es hijo de Antonio Fretes, ministro de la Corte, fueron asignadas a investigar la vinculación las fiscalas Luz Guerrero, Natalia Silva y María Luján Estigarribia.
En los últimos meses la mayoría de las investigaciones de la Fiscalía cayeron en el descrédito y este último caso no sería la excepción.
Fretes e Hijazi habían acordado un pago de USD 368.000 como un “acuerdo privado” para evitar la extradición. El llamativo contrato se había firmado en setiembre del año pasado, cuando Hijazi ya estaba preso en nuestro país –por orden del fiscal Marcelo Pecci–, esperando su proceso de extradición a los Estados Unidos.
Según trascendidos, ese documento había sido incautado por la Fiscalía en una requisa, en mayo de este año, dos días después de la muerte de Pecci. Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que solo incautaron celulares y desconocían dicho papel.
EN PERICIA. Mencionaron que los celulares que Hijazi tenía en su poder fueron sometidos a pericia y continúan esperando los resultados de lo que se encontró ahí.
Justamente, en estos días se dijo que la vinculación estaría probada en las conversaciones y no se investigó desde un primer momento. Respondiendo a eso, la Fiscalía, seis meses después de haber incautado, dice que siguen peritando y sacando información. Mencionan que todavía no tienen conocimiento del contenido de los teléfonos.
CONEXIÓN CON CRIMEN. La requisa en la Agrupación Especializada, que se había hecho en mayo, era por la posible conexión de Hijazi con el crimen de Pecci en Colombia.
Se había ordenado también la requisa de otras celdas, como las de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, quien en ese entonces estaba procesado por un homicidio. También se revisó el lugar de reclusión de Marcelo Raymond Díaz Vélez, colombiano, quien había caído con más de 400 kilos de cocaína en Presidente Hayes. Todos estos habían sido investigados por Pecci.
Lo llamativo del caso es que es información importante la que buscan y que hasta ahora no se tengan los resultados de las pericias y todavía no se concluya si uno de ellos colaboró u ordenó el asesinato.
En principio, vinculaban a brasileño con crimen de Pecci
El brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi había sido detenido en nuestro país, específicamente en Ciudad del Este, por pedido de los Estados Unidos. En eso había cooperado el fiscal Marcelo Pecci. Era buscado por lavado de dinero para financiamiento del terrorismo.
Al principio, era el nombre de Hijazi el que sonaba como uno de los posibles autores morales. Sin embargo, esta hipótesis no avanzó, al menos por ahora.
Se lo sindica como integrante del grupo Hezbollah y se presume que había formado un esquema que trabajaba directamente con los Estados Unidos.
En agosto del 2021, el país americano lo sancionó “por su participación en hechos de corrupción en Paraguay, así como a 5 entidades asociadas, vinculadas con sus maniobras de corrupción”.
Habría comenzado a operar en CDE desde el 2018, como despachante, desde donde se presume que dirigía una organización dedicada al lavado de dinero.
“Kassem tiene vínculos con políticos paraguayos, policías, fiscales... que le dan protección”, decía un comunicado del Departamento de Seguridad de los EEUU.