Hasta ahora es muy difícil entender la postura del Poder Ejecutivo en torno al escándalo de las tierras de la empresa San Agustín, cuyos principales accionistas están vinculados al oviedismo.
Cuando se produjo la polémica compra del inmueble por parte de Estado, Horacio Cartes, por entonces en plena campaña electoral, se burlaba de las explicaciones que esgrimía el gobierno liberal y tomaba el caso como un ejemplo más de la tremenda corrupción que se apoderó del país.
Ya en el poder, nuestro presidente empezó a ser más cauto y no se escuchó que haya vuelto hablar sobre el caso, a diferencia de la persona a quien nombró en el Indert, Justo Cárdenas. Él sí fue frontal al anunciar, cuando recién asumió el cargo, que su administración se negaba a pagar el veinte por ciento que adeudaba el Estado por “aquel hecho fraudulento y manipulado”.
Por si quedaban dudas sobre su posición, Cárdenas fue corto y contundente: aquella compra “estuvo mal”.
El principal cuestionamiento a la adquisición es que estudios técnicos certifican que la mayor parte del inmueble no sirve para la reforma agraria.
Extrañamente, cuando San Agustín ofreció al Indert renunciar a esos 14.000 millones de guaraníes que aún le debían, el presidente de la institución comenzó a entibiarse. “Es una deuda perfeccionada. Tan bien hicieron, que no se puede negar esa deuda”, declaró. En días en el que el oficialismo necesita de los dos votos del Unace en el Senado, el Indert decidió aceptar la donación de la firma ligada al senador Jorge Oviedo Matto.
Cárdenas asegura que aceptar la donación no entorpece el proceso judicial abierto por el aparente negociado, pero los fiscales toman con pinzas la caridad de empresarios que alegremente renuncian a más de 3 millones de dólares.
El titular del Indert ahora se cuida en aclarar que el Gobierno no es quien definirá si la operación fue ilegal y tira la pelota a la Justicia.
A pesar de todas las explicaciones que intenta dar el Ejecutivo, es casi ridículo sostener que aceptar la donación no implica también reconocer como válida y legal la compra de las tierras.
Los abogados de las antiguas autoridades del Indert que están acusadas por el caso, obviamente, podrán utilizar esto como un argumento de defensa en el proceso.
A menos de un año de Gobierno, el nuevo rumbo actúa con amnesia y demuestra que no se avecinan grandes cambios en el manejo de la cosa pública.
Por el bien de un pacto entre sectores políticos, abrió la puerta a la impunidad: una escena repetida.