Concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA) de Central presentaron ayer una denuncia contra el gobernador Hugo Javier González por un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría desaparecido sin documentaciones. Esta sería una segunda denuncia presentada contra el político cartista.
“Presentamos una denuncia formal. En realidad es un copy page del informe final que hace la Contraloría General de la República con respecto a la auditoría al rubro 800 del 2019, donde halló que G. 18.000 millones que se transfirió (a oenegés) no tiene respaldo documental”, explicó el concejal Adrián Billy Vaesken.
Explicó que en el 2020, entre febrero y marzo hicieron los concejales el estudio del balance con respecto al 2019. Nosotros pedimos las rendiciones de cuentas de las transferencias realizadas por el gobernador Hugo Javier y como es costumbre no tuvimos una respuesta a los pedidos de informes.
En junio de ese año, solicitaron una auditoría especial a la Contraloría y tras dos meses dijeron que harían la constatación documental. En diciembre emitieron las observaciones para el descargo en donde habla de seis puntos que la Gobernación debía responder a la Contraloría.
“En febrero recién comunica oficialmente, le da cinco días para responder y recién el 20 de octubre de este año sale el informe final, de que la Gobernación no ha presentado ninguna documentación con respecto a los G. 18.000 millones”, lamentó Vaesken.
Reportaron que la Gobernación hizo millonarias transferencias de forma consecutiva a entidades sin fines de lucro, siendo una de ellos la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y no tiene documentos que respalden los desembolsos.
No se detallaron los trabajos ejecutados y/o bienes adquiridos como parte de la adjudicación de esos recursos, por lo que se denunció posible lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
NO REPORTÓ A LA FISCALÍA. Los concejales leyeron el informe, donde vieron que la Contraloría no reportó los indicios al Ministerio Público. “De oficio debe reportar cuando hay indicio de hecho punible, y obviamente existe indicios de lesión de confianza”, detalló el concejal.
Además, un punto que les llamó la atención es que al final del informe la Contraloría señaló que la Gobernación tiene que diligenciar las gestiones ante el Ministerio Público para esclarecer el hecho. “¿Te parece que una persona sospechada se va a autodenunciar ante el Ministerio Público?”, dijo el concejal.
Explicó que ya cumplieron en denunciar ahora ante la Fiscalía y que el Ministerio Público debe hacer el trabajo de investigación.
IMPUNIDAD. Vaesken lamentó que haya selectividad aparente de la Fiscalía porque pasaron casi dos años de los primeros indicios. “Aparentemente a todas luces hay una impunidad selectiva, ¿por qué tardaron ocho meses en decir que no había documentaciones?”, lamentó. Sostuvo que al parecer hay una mafia instalada en la política que da cierta impunidad a un sector.
OTRA DENUNCIA. Otro caso que investiga la Fiscalía es la transferencia de G. 5.105 millones a la CIAP desde la entidad gubernamental, supuestamente para obras que se habrían construido como parte de la emergencia sanitaria. La empresa VR Ingeniería SA denunció sus facturas falsificadas en la rendición de cuentas, lo que fue negado en su momento por el gobernador de Central, Hugo Javier.
