El 21 de octubre del 2019, tanto Sosa como una mujer de nombre Gladys Fariña habían sido detenidos tras ser golpeados por efectivos policiales y es lo último que se supo de ellos.
Juan Sosa contó que posteriormente fue subido a la patrullera, donde fue golpeado todo el camino, estando él en posición fetal y esposado. Dijo que lo dejaban de golpear cuando en el camino veían personas o cuando se quedaban en el semáforo.
“Imaginate tener a un oficial con la rodilla encima tuyo y te mete la rodilla en la costilla”, recordó.
Ya una vez en la comisaría, le tiraron al piso y le siguieron pegando, contó. Posteriormente, fue llevado al calabozo y el oficial que más le pegó le ofreció hielo, al parecer para que no se noten tanto los golpes al salir.
“En ningún momento hubo acta de detención, ningún documento”, detalló Sosa, quien fue retenido hasta la medianoche de ese día.
SIN RESPUESTA. Hizo la denuncia, pero vino la pandemia y eso alargó todos los procesos. Después de eso se hicieron los pedidos de informes a la Policía, específicamente a la Comisaría 12ª Metropolitana, sobre la lista de oficiales que estuvieron de guardia ese 21 de octubre del 2019 y el acta de detención.
“Según la Fiscalía, la comisaría está retrasando procesos. Ponen como excusa que no tienen la lista de ese día, que estaban a disposición de varias comisarías”, dijo la presunta víctima.
El Ministerio Público ya recurrió hasta Asuntos Internos de la Policía, para obtener los datos, pero estos tampoco proveen la información.
Fue la víctima la que tuvo que acercar las fotos, videos a la Fiscalía, para que se pueda identificar a los efectivos, pero se quedó allí el caso.
“Si todo pasaba en tiempo, esto pasaba enseguida, pruebas sobran”, explicó.
Sosa tiene plenamente identificado a dos de los policías que le agredieron y a uno lo ubica por fotografías.
La fiscala Sussy Riquelme –de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía– era la agente asignada a la causa, pero tras cambios, ahora el caso quedó en otra unidad.
Recién mañana o la otra semana responderán el pedido de acceder a la carpeta fiscal.
Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna mencionó que “es inadmisible que casi cinco años después no se haya podido imputar a quienes las víctimas, testigos y filmaciones identifican, más allá de la clara actividad obstructiva que realiza la Policía”, lanzó.
