En su análisis resalta que en la semana que pasó, se dieron dos hechos contrapuestos en el Congreso Nacional, a propósito de libertad de expresión y de prensa.
Por un lado, en la Cámara de Diputados los legisladores salvaban de una suspensión a su colega Yamil Esgaib tras un nuevo acto de violencia contra mujeres periodistas, al ser consultado sobre supuestos hechos de tráfico de influencia y nepotismo a favor de su hija como funcionaria contratada en la embajada de Paraguay en Reino Unido. Para los diputados, los repetidos exabruptos y desdén de Esgaib expresados contra las reporteras de ABC y Telefuturo, Fiona Aquino y Rocío, no representan hechos de violencia, por lo que no correspondía suspender al legislador.
Mientras resolvían esto en Diputados, en el Senado se homenajeaba a los familiares de Santiago Leguizamón, periodista paraguayo asesinado el 26 de abril de 1991 a manos del crimen organizado, por la mafia fronteriza afincada en Pedro Juan Caballero. “El crimen de Santiago ha quedado impune, generando una sentencia contra Paraguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recuerda.
A criterio suyo es importante comprender que la libertad de expresión no es solo un buen discurso, “ni el Día del Periodista es una fecha para expresar las más lindas felicitaciones”. La libertad de expresión “debe ser un estilo de vida” y un ejercicio constante por parte de las autoridades, que deben promover mayor debate, eliminar la censura directa e indirecta y aprobar leyes de protección a periodistas contra actos de violencia. Además de evitar que los casos llevados ante la Justicia queden en impunidad, “porque esto genera la convicción de que no existen consecuencias cuando se afecta gravemente este derecho”, advierte.
El estado debe dar protección a aquellos periodistas que denuncian amenazas, y evitar distorsionar la ley para imponer censuras bajo la figura de medidas cautelares, crear una cultura de respeto hacia el trabajo de la prensa, “entendiendo que son el vehículo que como sociedad tenemos para acceder a todo tipo de información, y de esa manera tomar decisiones y formarnos libremente nuestra propia opinión”, explica. El Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de prensa de las y los periodistas y hacer posible el debate plural de ideas en una sociedad democrática, en primer lugar, “cuidando el discurso de las altas autoridades. Por lo tanto, van a contramano de ello, los casos de censura judicial impuesta por los Juzgados de Paz bajo la mala aplicación de la Ley Nº 5777 que busca prevenir la violencia contra la mujer. “Bajo esta Ley han sido censurados periodistas y medios de comunicación que difundían casos de presunta corrupción estatal, este hecho no solo afecta al justiciable sino a toda la ciudadanía que se ve impedida de acceder a información de interés público”, aclara.
La concentración de medios en manos de unos pocos, sumado a la creciente desinformación, es otra dificultad para que el ciudadano acceda a una información ecuánime y plural, “pilares que permiten el ejercicio de una participación ciudadana”, resalta.
La doctora Peralta agrega datos de la Mesa de Seguridad de Periodistas que indican que en Paraguay las cifras de violencia contra periodistas y trabajadores/as de prensa “nos ubican en la lista de los países más peligrosos de la región para ejercer la labor periodística”. Desde 1991, año en que asesinaron a Santiago Leguizamón, se registraron 21 asesinatos, más de 700 casos de agresiones, amenazas, hostigamientos y amedrentamientos a periodistas por el ejercicio de su labor. “En especial a los periodistas de investigación, ya que quienes intentan acallarlos son aquellas personas que tienen un alto interés en que no se difunda la información y cuentan con poder político o económico; y también contra mujeres periodistas que sufren, además de los tipos de violencia que enfrentan los periodistas hombres, también acoso en el ejercicio de su profesión”, afirma.
