Cuando se vino la crisis financiera de 2008, el Gobierno norteamericano apoyó a ciertas grandes empresas que estaban a un paso de la quiebra, incluyendo ciertas empresas financieras. El argumento fue: son demasiado grandes para caer; su ruina puede acarrear la de la economía norteamericana, e incluso la de la economía mundial. El argumento no dejaba de tener sentido, aunque la intervención gubernamental podía tener distintas modalidades.
Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, aconsejó a Obama garantizar los depósitos de las cuentas y dejar fundirse a los especuladores; especulación hubo, incluso infracciones criminales en empresas que quedaron impunes. El fiscal general norteamericano, Eric Holder, explicó que ciertas empresas eran demasiado grandes para ser procesadas, por las consecuencias económicas negativas que podría tener un proceso (Wall Street Journal, 6/3/2013).
No me convence mucho el argumento que establece la desigualdad ante la ley sobre la base del dinero (para los pobres hay pocos miramientos en el país con la mayor cantidad de presos en el mundo). Con todo, se lo debería usar con coherencia: si se perdona a una empresa para salvar miles de puestos de trabajo, debiera tenerse en cuenta también la situación de los países deudores, que no tienen miles sino millones de habitantes, todos potenciales víctimas de un default o impago.
Pienso en el pleito de la Argentina, que puede constituir un antecedente, bueno o malo, para los países que emiten bonos con jurisdicción en Nueva York. Dicho sea de paso, por la reciente emisión de 1.000 millones de bonos, el Paraguay deberá pagar 2.800 millones sumando los intereses (La Nación, 8/8/14). El tratamiento de esa y otras deudas dependerá de cómo termine el conflicto entre el juez neoyorquino Griesa y la Casa Rosada. Si esta cumple la orden judicial de pagar al fondo buitre del empresario yanqui Paul Singer, podrán exigirle iguales privilegios los demás acreedores con los que arregló el pago de la deuda, lo cual arruinará la economía argentina. La crisis económica aparejará una crisis política y social cuyas consecuencias repercutirán en los países vecinos.
Sin embargo, lo peor puede evitarse, según explica Greg Palast en un artículo publicado en el Guardian londinense el 8 de agosto pasado: depende del presidente Obama. El principio de la separación de los poderes del Estado, consagrado por la Constitución, permite al Ejecutivo dejar sin efecto la decisión de un juez cuando esta interfiere en las relaciones internacionales del país, terreno del Ejecutivo. Vale decir, Obama puede anular la decisión de Griesa, que favorece a Singer prohibiendo a la Argentina cumplir con sus compromisos internacionales mientras no haya pagado a Singer en las condiciones exigidas por él.
Existen antecedentes. Años atrás, Singer planteó una querella similar contra el Congo y ganó en los tribunales. Sin embargo, George Bush usó sus facultades presidenciales para dejar sin efecto la decisión judicial y evitar la quiebra del país africano. Ahora la decisión corresponde a Obama, quizás muy presionado por el lobby financiero.
