Se trataba de un Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo de Estrategias Internacionales de Ejecución Financiera, en el pueblo de Roswell, Nuevo México, de los Estados Unidos, que estaba previsto del 27 de enero al 7 de febrero, en sede de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA).
El motivo, al igual que el proyecto de becas Alcanza, fue el cese de la cooperación norteamericana para Latinoamérica por 90 días en principio.
La orden ejecutiva fue firmada por Trump ya el 20 de este mes. El viaje de los funcionarios paraguayos se realizó el 23 y, apenas llegaron, al día siguiente, el 24, retornaron obligadamente.
“El sector de ayuda extranjera y la burocracia no están alineados con los intereses estadounidenses y en muchos casos son opuestos a los valores estadounidenses”, y “sirven para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armónicas y estables internas y entre países”, expresa el documento que había firmado el nuevo presidente de Estados Unidos.
Desde Cancillería negaron que haya sido una deportación y confirmaron que afectó además a otras delegaciones de otros países de la región.
Entre los que viajaron y retornaron se encuentran Pablo Andrés Rojas Pichler, viceministro de Seprelad; Claudia Carolina Criscioni, camarista de Crimen Organizado y Delitos Económicos; Sandra Noelia Kirchhofer, jueza de Ejecución de la capital, y Viviana Nilda Clementina Mongelós, directora de Protocolo y Ceremonial de la Corte.
