El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante el Congreso el Estudio Actuarial de la Caja Fiscal, documento técnico que respalda la propuesta de reforma previsional del Poder Ejecutivo y advierte que, de no introducirse cambios, las jubilaciones del sector público no cubiertas con aportes propios alcanzarían hacia 2060 una magnitud comparable a la deuda pública del país.
Durante la audiencia pública, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sostuvo que el problema de la Caja Fiscal es estructural y acumulativo, y que se ha convertido en uno de los principales focos de presión sobre la estabilidad fiscal.
“La Caja Fiscal ha sido en los últimos años uno de los principales problemas en términos de mantener la estabilidad fiscal por el déficit que ha venido ocasionando a lo largo del tiempo”, afirmó.
El informe actuarial, elaborado bajo estándares internacionales, señala que al 31 de diciembre de 2023 la Caja Fiscal contaba con 232.631 aportantes, con un crecimiento promedio anual de 4,85% en los últimos cinco años. El Magisterio Nacional concentra el 34,3% de los aportantes, seguido por la Administración Pública con el 25,6%.
En contrapartida, el sistema registra 74.339 jubilaciones y pensiones, con un crecimiento promedio anual de 3,77%, concentradas principalmente en el Magisterio Nacional (47,4%) y la Administración Pública (25%). Esta dinámica arroja una relación de apenas 3,1 aportantes activos por cada jubilado, muy por debajo del umbral mínimo de sostenibilidad.
En ese sentido, el ministro reiteró que en este momento en la Caja Fiscal tenemos tres aportantes por cada jubilado, cuando se necesitan al menos seis para empatar el costo de las jubilaciones.
Un pasivo de largo plazo. El estudio distingue entre el Programa Civil y el Programa No Civil, que incluye a las fuerzas públicas, y utiliza el método de Unidad de Crédito Proyectada (UCP) para estimar los balances actuariales y los flujos financieros hasta 2060. Bajo un escenario de población cerrada, las reservas matemáticas (fondos que se deberían tener para pagar jubilaciones) del Programa Civil ascienden a USD 16.713 millones, frente a aportes futuros estimados en USD 2.658 millones y recursos excedentes acumulados por USD 741 millones, lo que arroja un déficit actuarial de USD 13.313 millones.
Al incorporar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el déficit total del sistema previsional público se eleva a USD 18.663 millones casi semejante a la deuda pública actual, USD 19.935 millones.
Esta brecha representa el pasivo previsional implícito del Estado, es decir, el monto de jubilaciones futuras que no podrá financiarse con aportes y que deberá ser cubierto con recursos fiscales.
“No hay magia acá. Alguien tiene que pagar la diferencia y, si no se corrige, termina pagando la ciudadanía a través de los impuestos”, advirtió Fernández Valdovinos.
El ministro recordó que el déficit operativo de la Caja Fiscal cerró el último año en USD 380 millones, parte del cual fue financiado con impuestos, y alertó que el superávit transitorio del sector administrativo se agotará en los próximos años.
“De acá a unos pocos años, el 100% del déficit va a tener que ser financiado con impuestos”, señaló, al tiempo de comparar ese monto con el presupuesto de medicamentos del Ministerio de Salud.
En este contexto, Fernández Valdovinos defendió la necesidad de avanzar en cambios paramétricos, edad mínima de jubilación, años de aporte, tasas de sustitución y contribuciones, aclarando que la reforma no eliminará totalmente el déficit, pero permitirá hacerlo sostenible en el tiempo.
Sobre el desequilibrio. El ministro explicó que “en el sistema solidario lo que uno tiene es un aporte de 16%, digamos, por durante 25 años. Vamos a olvidarnos de inflación, de tasa de interés y demás. Una vez que uno se retire puede vivir otros 25 años, ahí recibe el 100% de su salario. Entonces es difícil que si yo aporto 16%, pueda recibir durante 25 años, pueda recibir el 100% durante otros 25%. Alguien tiene que pagar la diferencia. Y en el sistema solidario justamente el espíritu es que los que vienen detrás mío paguen ese sistema, paguen esa diferencia”.
Advirtió que no se puede cargar la solución sobre un solo sector y que “entre todos vamos a tener que distribuir la pesada carga”, sostuvo.
El ministro destacó la presentación del estudio actuarial como un gesto de transparencia y apertura al diálogo.
Viable: “Queremos escuchar, dialogar y demostrar con números por qué una propuesta es viable o no. Nadie tiene la verdad absoluta”, afirmó, al entregar formalmente el documento al Congreso.
Sobre el Art. 12, el jefe de la cartera económica explicó que la definición de derecho adquirido se basa en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia respecto a los cambios de regímenes, fundamentándose en la jurisprudencia existente. Insistió en que la ley vigente se aplica a quienes reúnen los requisitos para jubilarse, no a los activos que están en expectativa de acogerse a ese derecho. Por lo tanto, un cambio afectará a todos los que no cumplan los requisitos para jubilarse antes de que salga la nueva ley.
