La autoridad asegura que el objetivo era acceder a privilegios que les han sido eliminados dentro del régimen penitenciario luego del Operativo Veneratio y tener impunidad para volver a manejar la penitenciaría de Tacumbú.
Ávila manifestó que no permitirá la utilización de la institución para estos fines y anunció que denunciará ante los órganos pertinentes “en caso de que algún funcionario o funcionaria, arrogándose atribuciones institucionales, pretenda interceder o lograr privilegios para este grupo”.
Aclaró que la Defensoría se avoca en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad mediante recomendaciones al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a otras instituciones. “Ese rol constitucional de la Defensoría del Pueblo no será apañado por personas inescrupulosas que pretendan de alguna manera la obtención de beneficios irregulares y pretendan torcer los principios de prevención general positiva y prevención especial positiva como fines de la pena previstos en el artículo 20 de la Constitución Nacional”, menciona el texto.
Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), por su parte, recibió constantes denuncias de torturas durante el operativo Veneratio por violencia abusiva, incluso cuando los reclusos ya estaban entregados recibieron patadas y golpes de cachiporra, también durante el traslado a otras cárceles.
Las denuncias indican que incluso muchos presos resultaron heridos sin ser parte del clan Rotela y que incluso recibieron golpes por parte de la fuerza policial, aunque ya estaban entregados. Tampoco se cuidaron casos de enfermedades.
