“Bajo nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a un debido proceso y a un juicio justo, se llame John Smith o Joaquín Guzmán. Las acciones del Gobierno reteniendo pruebas se burlan de ese derecho y privan a Joaquín de la posibilidad de defenderse”, dijo su abogado, Eduardo Balarezo, en un comunicado.
En un escrito fechado este martes, Balarezo pidió al juez que, o bien impida que la fiscalía incluya en el juicio supuestas conspiraciones para cometer asesinatos en las que habría estado involucrado Guzmán, o que le obligue a facilitar a la defensa detalles sobre esos supuestos crímenes.
Los abogados del Chapo quieren que, como mínimo, las autoridades les informen “inmediatamente” de las identidades de las víctimas, de las fechas exactas y lugares de los sucesos y de documentos vinculados con cada caso.
La Fiscalía tiene intención de demostrar durante el juicio la participación del narcotraficante en un mínimo de veinte conspiraciones para cometer asesinatos.
Las autoridades informaron a la defensa que facilitarán las identidades de las víctimas y otros detalles dos semanas antes de que los testigos de cada caso aparezcan ante el tribunal, con el fin de proteger las identidades de quienes han aceptado cooperar.
Según los abogados, esa situación y la escasa información que han recibido hasta ahora impiden preparar una defensa adecuada ante esas acusaciones, para lo que consideran necesario más detalles y tiempo.
En su respuesta, el juez que preside el proceso, Brian Cogan, emitió este miércoles una breve orden pidiendo a la fiscalía una respuesta antes del 30 de julio.
Cogan, además, consideró que los fiscales deberían considerar revisar el documento que detalla las acusaciones que han presentado, con el fin de reflejar mejor el orden con el que esperan proceder durante el juicio.
Este mes, el juez accedió a aplazar dos meses el inicio del juicio, hasta el 5 de noviembre.
El abogado del Chapo, que había solicitado un aplazamiento de cinco meses, se declaró “muy decepcionado” por la decisión e insistió en que no se está garantizando un juicio justo a su cliente.
Guzmán, extraditado a EE.UU. en enero del año pasado, es acusado en ese país de numerosos delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero.
El Chapo, que se enfrenta a la cadena perpetua, se ha declarado no culpable y está preso en una cárcel de Nueva York en medio de grandes medidas de seguridad, tras sus dos huidas de prisiones mexicanas.
