Ferreira mencionó que Paraguay lleva 10 años con la misma calificación de riesgo debido a las debilidades institucionales en materia de justicia, un requerimiento necesario para dar garantía a los inversionistas extranjeros.
Si bien destacó que en términos de acceso al financiamiento, en tasas de interés que paga Paraguay ya es equivalente a un país con grado de inversión, no así en el capítulo de las inversiones.
El especialista señaló que Paraguay tiene un promedio anual de inversión extranjera directa de USD 336 millones, mientras que Uruguay un país similar al nuestro tiene de inversión extranjera directa un promedio anual de USD 3.115 millones, es decir 9 veces más que Paraguay.
Ferreira indicó que para llegar a tener al menos la mitad del volumen de inversiones que tiene Uruguay se debe llegar al grado de inversión, lo que nos posicionará en el radar de los inversionistas extranjeros que desean diversificar su capital.
Sin embargo, para llegar a este objetivo se deben avanzar a fortalecer el sistema judicial que a su vez resultará en el mejoramiento de la seguridad jurídica, reducción de la impunidad y la corrupción.
Esto teniendo en cuenta que en las últimas revisiones de las calificadoras, si bien se resalta el ordenamiento económico, a su vez se señalan las debilidades que tiene Paraguay y que son los desafíos de este Gobierno.
“Hay que recordar que llevamos 10 años estancados en esa misma calificación, fuimos muy exitosos en la construcción del orden macroeconómico, fuimos avanzando como dije un grado cada 18 meses en una década, pero no tuvimos éxito en dar el siguiente paso en tener una fortaleza institucional”, comentó el analista.
Recordó que S&P señala en su última revisión, que la calificación continúa constreñida por la falta de evolución de las instituciones. “Paraguay es una ecuación incompleta con solidez macroeconómica y debilidad institucional, refiriéndose exclusivamente al Poder Judicial”, recalcó.
“Eso hace que los niveles de corrupción y de impunidad sean todavía alto en la mirada de ellos y requieren avanzar en ese sentido. Se necesita de un Poder Judicial fuerte e independiente que funja de árbitro para la sociedad y la economía y pueda dar garantía a los grandes capitales que eventualmente quieran a venir a Paraguay”, insistió.
Indicó que Fitch por su parte apunta a una baja capacidad institucional, baja vigencia de la ley y alto niveles de corrupción. Esto impacta negativamente en la calificación de Paraguay.
Asimismo, Moody’s menciona en su informe el esquema utilizado para su calificación, basados en cuatro pilares: fortaleza económica, instituciones y gobernanza, fortaleza fiscal y la susceptibilidad de eventos de riesgo, de los cuales se recibió una buena puntuación, salvo en el ítem de instituciones y gobernanzas, este es el factor más débil.
“Paraguay es un país con un Poder Judicial y una Fiscalía muy débil y susceptible a ser manejada por caciques políticos o poderes fácticos”, lamentó. Destacó los casos de Perú y Chile, donde incluso son procesados presidentes en ejercicios demostrando un alto nivel de fortaleza institucional y esa es la garantía de que nadie está por encima de la ley.
“Ahí es donde está nuestra mayor desafío ampliar ese consenso sobre el equilibrio macro y ampliarlo ya a la independencia del Poder Judicial como lo tienen ya Uruguay, Chile, Perú, Brasil. Debemos exigir y dejar a atrás eso de que los jueces y fiscales son manejados a control remoto, eso no nos va a llevar a nada, nos va a estancar otra década más”, alertó.
Ferreira dijo que de no mejorar estos aspectos se hace difícil que Paraguay pueda graduarse en su calificación crediticia.
