El 19 de abril, hace menos de 10 días, se celebró el Día del Indígena Americano. Como en años pasados, una profusión de comunicados de instituciones estatales destacó la importancia de la cultura indígena, la riqueza ancestral, el rol protagónico que cumplen los pueblos indígenas en la sociedad y un sinfín de halagos, a cuál más exaltados.
Apenas un día después –20 de abril– un centenar de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas marchaban (¡una vez más!) en reclamo de mayor presupuesto para la compra de tierras, de la efectivización del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, del fomento de la producción agrícola, y de otras reivindicaciones reiterativas. Además, solicitaban una cumbre de los tres poderes del Estado para plantear soluciones a los graves problemas que afectan a las comunidades indígenas.
El hecho mismo de que el Estado paraguayo celebre el Día del Indígena, en el mejor de los casos, resulta contradictorio y en el peor de los casos se convierte en una incongruencia perversa. Porque más allá de apoyos eventuales, el Estado carece de políticas públicas efectivas para propiciar el acceso y la recuperación de las tierras ancestrales indígenas (usurpadas durante décadas).
El IV Censo de Población y Vivienda para pueblos indígenas 2022 desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en conjunto con personas indígenas referentes, constata que del total de 557 comunidades indígenas registradas en el país, 92 de ellas carecen totalmente de tierra. Además, 40 comunidades reportaron la apropiación indebida de su tierra por parte de agroempresarios o ganaderos; 28 de ellas tienen problemas de superposición de títulos de propiedad, entre otras varias dificultades. En los últimos años, estas circunstancias han derivado en varios desalojos violentos con destrucción de viviendas y escuelas e incluso el apresamiento e imputación de líderes y lideresas indígenas, evidenciado por algunos medios de comunicación y por redes sociales y denunciadas por organizaciones indígenas y no indígenas.
La mentada deuda histórica del Estado y también de la sociedad paraguaya con los pueblos indígenas no ha menguado, sino más bien ha aumentado considerablemente con los años. De la desidia con la regularización de las tierra se ha pasado a la agresión directa con los desalojos y la criminalización de los líderes y lideresas, sumado a un discurso discriminatorio y deslegitimador de sus demandas. Esta situación se ha dado pese a que la misma Constitución Nacional reconoce los derechos de la propiedad comunitaria de la tierra y que los pueblos indígenas son grupos de cultura “anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”. Además, Paraguay ha firmado una serie de tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con el régimen jurídico internacional.
La situación de exclusión generalizada de la población indígena en el país se encuentra estrechamente vinculada con la falta de acceso a sus propias tierras ancestrales, lo que ha implicado la pérdida de recursos naturales y de sus modos de vida, sin proporcionarles a cambio un acceso al sistema económico general. Este hecho ha sido reconocido por el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En suma, más allá de discursos rimbombantes es una obligación del Estado paraguayo el diseño y la ejecución de políticas públicas de acceso a la tierra de los pueblos indígenas para empezar, de una vez por todas, a generar condiciones mínimas para una vida digna.
- La mentada deuda histórica del Estado y también de la sociedad paraguaya con los pueblos indígenas no ha menguado.
