En el año 2000, la jueza Mercedes Brítez de Buzó, quien curiosamente sigue siendo referente en los temas de derechos de la infancia para algunos medios, había ordenado una redada de niños en situación de calle, en Asunción. La medida fue ejecutada aparatosamente con efectivos policiales, con amplia cobertura de prensa.
Las escenas de gritos, de corridas de niños, y de madres intentando que la policía no les arrebatara a sus hijos fueron ampliamente destacadas por los medios. Varios de estos incluso aplaudieron la acción, porque “al fin alguien se ocupaba del problema de los niños en la calle”.
Nadie tomó en cuenta que para el procedimiento ni siquiera se habían coordinado tareas con las instituciones donde llevarían a esos niños para el abrigo provisorio. Ni que debió resguardarse la identidad de los chicos, ni revictimizarlos exponiéndolos ante las cámaras.
Por entonces, los medios de comunicación no tomaban recaudo alguno sobre las imágenes que publicaban de los niños, pese a que por entonces la Convención sobre los Derechos del Niño ya llevaba una década de vigencia.
Después del espectáculo mediático, otras noticias opacaron la actuación de la jueza, persiguiendo a los niños que no tenían la culpa de haber nacido pobres, ni que la magistrada y gran parte de la sociedad los viera como víctimas de hogares donde los adultos eran todos explotadores, por eso los tenían en la vía pública.
La jueza criminalizó la pobreza. Revictimizó a esos niños y penalizó la conducta de sus padres por criarlos en condiciones precarias y no cumpliendo cabalmente el deber del cuidado. Los más de 50 niños recogidos en las calles fueron literalmente “depositados” en instituciones y algunos, por más de 4 años, no tuvieron contacto con sus familias. Fueron institucionalizados. Algo que se recomienda como última opción. Desde el Estado no se habían creado las condiciones mínimas para que esos niños no estuvieran en la calle. Ni siquiera existían albergues para que sus padres pudieran dejarlos, mientras ellos buscaban el sustento. Por entonces no existían el programa Abrazo ni el Painac. Solo el deseo de mandar a la cárcel a los padres, e institucionalizar a los niños.
La aberrante actuación llegó finalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se demostró que se violentaron numerosos derechos de esos niños, y hoy, mediante un acuerdo, el Estado paraguayo los está localizando para indemnizarlos, y está pendiente una disculpa pública por lo que les hicieron.
Penalizando la pobreza, una jueza buscó solucionar unilateralmente un complejo y estructural problema social.
La magistrada pretendió tapar el sol con el dedo, y muchos la aplaudieron.
