28 ene. 2026

¿De “anticontrabando” a falsificador de firmas?

Ironías del destino: Ernaldo Cardozo, jefe de la seccional 42, acusado de falsificar unas 1.200 firmas en las planillas pro enmienda fue encargado de elaborar días atrás un manual para la lucha contra el contrabando.

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El titular del Detave y presidente de la seccional 42, Ernaldo Cardozo, en compañía del presidente Horacio Cartes. | Facebook.

Ocurre que Cardozo, además de ser el líder de la mencionada seccional colorada, cumple funciones en el Estado, desempeñándose como coordinador del Departamento Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave).

En declaraciones a este medio, Ernaldo Cardozo había dicho que la institución a su cargo está preparando propuestas para analizar en la mesa interinstitucional anticontrabando, que se abocará a la creación de un manual de procedimiento.

El manual de lucha contra el contrabando deberá surgir de una mesa de trabajo conformada además del Detave, por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El anuncio de este paso en el combate al contrabando data del pasado viernes 20 de enero, dos días antes de que Última Hora publicara la acusación a Cardozo de haber falsificado unas 1.200 firmas en las planillas pro enmienda constitucional que fueron presentadas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por el sector oficialista del Partido Colorado.

La denuncia de supuesta falsificación de firmas fue hecha por la dirigente colorada Andrea Zalazar, ex concejal asuncena.

ULTIMAHORA.COM intentó comunicarse con el señor Ernaldo Cardozo para conocer su versión, pero su celular estaba apagado.

El TSJE informó que detectaron 69.000 firmas irregulares de las casi 360.000 firmas presentadas por la ANR. Del total de firmas irregulares, unas 1.142 firmas corresponden a difuntos; unas 3.137 tienen datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior; 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; 97 residen en el extranjero; 163 son condenados (presos); 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.

Esto último dejó en evidencia el bochorno del oficialismo colorado que no hizo más que acusar a la oposición de una campaña mediática en contra de “que la gente decida”.

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