Según la resolución judicial, el magistrado le impuso al procesado la obligación de comparecer ante el Juzgado dentro de los primeros diez días de forma mensual, prohibición de salir del país sin autorización judicial; obligación de residir en la residencia comunicada en autos, y la prohibición de cambiarlo sin expresa autorización del Juzgado.
Además, una caución juratoria del mismo; bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se revocarán las medidas impuestas y se ordenará su prisión preventiva.
El pasado 26 de julio, la fiscala Carina Sánchez encabezó un allanamiento, en el que se obtuvo la detención del locutor, que estaba siendo investigado por presunta posesión de material de contenido sexual que involucra a niños.
El referido procedimiento fue coordinado junto con el Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional.
