El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió ayer, durante su sesión ordinaria, enjuiciar, sin suspensión de sus funciones, a dos de los tres jueces del caso de la masacre de Curuguaty.
Se trata de Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto, quienes integraron el Tribunal de Sentencia que el pasado 26 de julio revocó la sentencia a los campesinos condenados por el polémico operativo de desalojo que dejó como saldo 17 víctimas fatales, 11 labriegos y 6 policías, el 15 de junio de 2012.
La denuncia contra los magistrados fue formulada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño en sus funciones.
Al respecto, el presidente del JEM, Cristian Kriskovich, resaltó que la investigación no fue iniciada en este caso de oficio, sino en base a la acusación formal presentada por la titular del Ministerio Público.
En la ocasión, luego de darse a conocer la absolución de los 11 campesinos acusados, Quiñónez advirtió que el Ministerio Público activaría “todos los resortes legales” para que el comportamiento de los magistrados no quede impune.
Jalil Rachid, uno de los fiscales de la causa, calificó que la liberación de los campesinos es una “canallada jurídica”, al criticar el último fallo de los jueces ahora enjuiciados, que dejó en libertad a tres de los labriegos que continuaban presos en Tacumbú.
En ese sentido, el camarista Rolón, uno de los tres jueces denunciados, dijo estar dispuesto a someterse a la investigación del Jurado. Sin embargo, pidió incluir a los fiscales que llevaron el caso.
la causa. La masacre de Curuguaty se registró el 15 de junio del 2012, en un cuestionado procedimiento que tuvo lugar en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme, del fallecido político Blas N. Riquelme. Murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías.
El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
