Curuguaty es una desigualdad. Es la quijotesca lucha de un grupo de campesinos que ocupó tierras donadas al Estado pero pretendidas por un poderoso grupo empresarial decidido a apoderarse de ellas. Es la desequilibrada mirada de un fiscal que, ni bien tomó el caso, concluyó que seis policías murieron en una emboscada en la que fueron abatidos a balazos 11 criminales ocupantes. Es la decisión tomada por el Ministerio Público apenas se esfumó el humo y el olor a pólvora: la investigación solo se enfocará en la muerte de los policías.
Curuguaty es la desidia y el olvido. Es el hallazgo, el día siguiente de la matanza, de los cuerpos de Luis Paredes y De Los Santos Agüero en la escena misma del crimen. Aquellos que los mataron (o repelieron, desde la óptica fiscal) no reportaron sus decesos, ni siquiera repararon en sus cadáveres. Un grupo de familiares y vecinos preocupados por su desaparición los encontraron el 16 de junio.
Curuguaty es el sistema judicial paraguayo con toda su crudeza. Es el proceso de cuatro años que enfrentan 11 personas y que ahora se exponen a penas de hasta 40 años de cárcel. Es la acusación fiscal que pesa sobre la mayoría de los procesados por tentativa de homicidio doloso, a pesar de que 17 personas fueron asesinadas. Es la noticia que recibieron Luis Olmedo y Rubén Villalba recién en los alegatos finales de la Fiscalía durante el juicio oral y público: ambos están acusados de haber disparado y matado al subcomisario Erven Lovera.
Curuguaty es la hipocresía gubernamental. Es la negligencia de los distintos políticos y funcionarios de turno que nunca hicieron la transferencia de título de una propiedad donada al Estado. Es el cinismo con el cual el Congreso y el presidente Horacio Cartes decidieron aceptar la “donación” de Marina Cué al Estado por parte de Campos Morombí, que no es ni nunca fue dueña del inmueble. Aceptar esa ofrenda fue echar por tierra la teoría sostenida por el mismo Estado sobre las tierras.
Curuguaty es un misterio. Es todas las denuncias no investigadas de ejecuciones extrajudiciales, omisiones de auxilio y torturas. Es la contradicción entre testimonios de policías que se dicen emboscados y campesinos que relatan, desde la clandestinidad, cómo sus compañeros ya entregados fueron asesinados por policías tras el primer tiroteo. Es la desaparición de evidencias y la ausencia de autopsias. El video del helicóptero que sobrevoló el campamento y nunca apareció. Es la incógnita que se plantean tanto fiscales como abogados defensores: ¿Exactamente quién mató a quién? Es la certidumbre de que esa pregunta nunca será respondida fehacientemente.
